Quinto Patio

Del oprimo, no lo oprimo; lo oprimo, no lo oprimo, el gobernador Enrique Alfaro dejó entrever que pasará a oprimirlo; sí, el botón de emergencia. Su confirmación será formalizada pasado mañana y entrará en vigor, con toooodas sus consecuencias, a partir del viernes. Y durará dos semanas. Detrás, una razón evidente es que a la mayoría de los jaliscienses no les importa cumplir las medidas sanitarias. Se aflojó la disciplina y pareciera que le perdieron el miedo al virus, dijo Alfaro. 

La otra razón es política. Detrás está la estrategia de Alfaro, el afán de mantener su deslinde del gobierno federal (algo así como la versión local del “somos diferentes”, de López Obrador), compararse positivamente con la administración amloviana (of course), construir su imagen nacional de liderazgo opositor y criticar las medidas del gabinete federal, en este caso, las de Salud, que dice minimizan una segunda ola de contagios. En tiempos electorales, las razones políticas pesan más. 

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Quien también dio positivo al Covid-19 es la senadora por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo. En su cuenta tuitera señaló que estará trabajando desde su casa y cumpliendo con la cuarentena. Lo dicho, arrasa el bicho, sin distinción de nada ni de nadie. Arrasa parejo. 

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El gobierno del estado finalmente había logrado sentar a los hermanos González Uyeda para que dejaran de pelearse y buscaran un acuerdo en torno a la lechera Sello Rojo. En la mesa se planteó integrar un fideicomiso que administrara la empresa mientras se define quién tiene la razón. Pero los hermanos Abraham y Masayi aprovecharon para moverse y mientras eso sucedía, la carpeta de investigación que estaba en el quinto Juzgado Penal, la cual ordenó que se aseguraran las cosas, fue cambiada sin justificación al juzgado noveno, donde de inmediato el juez levantó la medida de aseguramiento. 

Con la empresa otra vez en sus manos, el ex subsecretario de Gobernación y el líder del Consejo de Cámaras Industriales ya no necesitaban negociar. El cambio de jueces y magistrados se ha convertido en la nueva estrategia en el Poder Judicial para controlar los asuntos. Véanlo. 

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Hay que tener los ojos muy abiertos para ver cómo actuará la recién integrada comisión de selección, que tiene integrantes que repiten y nuevos. Debe elegir a la persona que entrará en lugar de Lucía Almaraz, actual presidente del Comité de Participación Social (CPS), quien termina su periodo el 31 de octubre. Y es importante saber el tipo de persona que elegirán, si será alguien técnico, académico o político, porque la primera apuesta de este sistema anticorrupción fue priorizar a los académicos y técnicos para evitar que se politizara y cayera en manos de poderes fácticos. La idea es tener un contrapeso, y ahora entre los que quedaron hay políticos y académicos. 

El peligro de que el CPS se politice está vigente, hay señales. Primero, a la Univa ya no le interesó participar y no respaldó a nadie, así que Lucía se va sin que nadie de su universidad haya participado por sustituirla, y la otra es recordar cómo los políticos que están en el poder se fueron con todo contra uno de sus integrantes porque los traicionó… bueno, eso dicen. Lo que sí es que quieren tener más control y lo están buscando. Sólo son cinco integrantes y hasta el momento están ganando la academia y los técnicos, pero ¿qué pasaría si después llegan más perfiles políticos hasta ir construyendo la mayoría? El tipo de perfil que elijan delineará de hacia dónde quieren llevar y cuánto quieren manipular el sistema, que hasta ahora ha defendido su origen ciudadano. Pronto sabremos para dónde apunta el CPS. 

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jl/I