La infame embestida contra PISA,�una�empresa jalisciense

Los primeros dos episodios de la acometida estuvieron a cargo de la Cofepris durante 2019; en mayo y junio alegaron anomalías administrativas y procedimentales e impusieron sanciones y multas a la empresa. Derivado de estas sanciones, se detuvo la línea de producción de metotrexato, medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer infantil, lo que provocó una crisis de desabasto que salió a la luz pública por las denuncias hechas desde el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Sólo a los funcionarios sin criterio de la actual administración federal se les ocurre parar la producción de un medicamento sin antes saber el nivel de importancia que éste tiene y sin comprobar la suficiencia de abasto desde otras fuentes (tardaron más de cinco meses en encontrar un proveedor extranjero). 

El siguiente episodio viene de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que impone una inhabilitación por dos años y medio a raíz de un procedimiento iniciado en 2017 derivado de la adjudicación de un servicio integral de anestesia adquirido por el IMSS. La SFP asegura que la “información proporcionada por la empresa no respaldaba plenamente la oferta”, lo que sea que eso signifique, señala que ello representa “un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS” y acusa a PISA de “presentar información falsa y actuar con dolo”. 

Nunca se dice que se hubiera incumplido con los términos del servicio, nunca se comprueba que estuvo efectivamente en riesgo la salud de los derechohabientes del IMSS y mucho menos se comprueba que hubiera un daño al erario. Tal parece que se trata de un ajuste de cuentas alentado por algún alto funcionario del actual gobierno. 

Lo que más llama la atención es el total silencio del empresariado y gobierno jaliscienses, cuando se trata de una empresa oriunda de Jalisco con alto impacto nacional y de alcance internacional, que genera empleos en la entidad y debería ser motivo de orgullo estatal. La propia Secretaría de Salud reconoció que no es fácil encontrar en el mercado internacional algunos de los medicamentos que PISA fabrica. Lo que habla de su capacidad técnica y su talla como empresa. 

Por otra parte, PISA (a través de SANEFRO) brinda servicio social ofreciendo diálisis gratuitas a pacientes que las requieren y no pueden pagarlas. Un servicio que literalmente salva vidas. No debe perderse de vista que el costo de este servicio es alto (a los servicios públicos de salud cada paciente que requiere de diálisis le cuesta al año un promedio de 160 mil pesos), que las instituciones públicas que lo ofrecen están saturadas y que la alternativa, el trasplante de riñón, está prácticamente detenido desde el inicio de esta administración (el Centro Nacional de Trasplantes reportó 17 mil 500 pacientes en espera de un riñón durante el primer semestre de 2020 y sólo la realización de 649 procedimientos). Señalo estos datos para contrastar el trato dispensado a empresas y empresarios mexicanos y el trato dispensado a delincuentes (se les pide disculpas por llamarlos por su sobrenombre, se tiene la deferencia de saludar a la madre en mitad de una gira de trabajo y se libera al hijo –delincuente también– luego de ser detenido para no causarle inconvenientes) por parte del gobierno y el presidente. 

Finalmente deseo llamar la atención sobre un dato que es particularmente interesante: los albores de PISA como empresa se encuentran en los Hospitales Civiles de Guadalajara, ahí laboraron varios de sus fundadores, entre ellos Miguel Álvarez Ochoa, Luis Farah Mata, Francisco Ruiz Sánchez, Alfredo Zepeda Camarena, Roberto Ibarra Montoya, Benito Gutiérrez Romero y Luis Medina Gutiérrez. Así que este es otro motivo para que más voces cuestionaran la infame embestida contra una empresa jalisciense en tiempos tan oscuros para la economía, la salud y la justicia. 

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