Federalismo fiscal

En las últimas semanas ha habido controversias por el gasto que el gobierno federal transferirá a estados y municipios en 2021. El gasto federalizado está estimado en 1.87 billones de pesos (5.5 por ciento menos que en 2020). Esta situación ha hecho que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista demanden cambios.  

Los gobernadores exigen que los estados reciban al menos lo que recibieron en términos reales en 2020. Asimismo, piden apoyos para enfrentar el impacto del Covid-19 sobre las finanzas estatales y solicitan un fondo de estabilización ante la eventualidad de que no se alcance la meta de recaudación federal participable.  

Las demandas son razonables dado el panorama que se vislumbra para 2021. Sin embargo, las controversias se han polarizado. La percepción federal es que los estados reniegan del pacto fiscal vigente. La percepción estatal es que hay injusticias en el federalismo fiscal y en el gasto federalizado.  

Este último busca, entre otros fines, promover la equidad en/y entre los estados y los municipios. Los presupuestos públicos, por tanto, se plantean en términos compensatorios y/o resarcitorios dadas las diferencias y rezagos que hay en el país. Por esta razón, y mientras no haya equidad, el federalismo y el gasto siempre serán “injustos”.  

Las controversias se han planteado en términos de lo que aportan y lo que reciben los gobiernos estatales. Sin embargo, ese es un criterio que ha politizado y estancado la discusión. Desde una perspectiva económica, las discusiones deberían sustentarse con base en criterios de eficiencia y equidad.  

Afortunadamente, ya hay especialistas que han realizado análisis económicos con base en dichos criterios. Particularmente, destacan aquellos pertenecientes a la Asociación Internacional de Economía Pública Local. De hecho, mañana, jueves 12, ellos presentarán sus trabajos y resultados en la UMSNH-Sede Pátzcuaro. 

En mi opinión, las controversias sobre el federalismo fiscal y el gasto federalizado están mal e insuficientemente planteadas por las partes en disputa. El gasto no solo debe ser suficiente, también debe ser distribuido de manera eficiente y equitativa. La “justicia” no puede ser un criterio de discusión. 

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