Quinto Patio

El gobernador Enrique Alfaro ha mantenido un discurso de reclamo constante al gobierno federal porque, asegura, le ha reducido los recursos a Jalisco. Sin embargo, lo que no ha dicho es que él ha castigado a los municipios reduciendo las participaciones estatales, las cuales salen de lo que se recauda de los impuestos locales, principalmente sobre nómina y sobre hospedaje.

Incluso el mandatario hasta integró una mesa que revisará el pacto fiscal, así que esperemos que esa mesa también reconozca cómo se distribuyen los recursos desde el estado a los municipios. Aplica similar criterio del que se queja. Por cierto, en 10 años es la primera vez que bajan las participaciones estatales a los municipios.

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Ni la tecnología ha puesto a trabajar al Poder Judicial del Estado. Nada. Por lo que el abogado Gabriel Valencia decidió interponer un juicio político contra los consejeros de la Judicatura y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por todos los recesos que han decretado, usando como pretexto la pandemia.

Según el abogado, se viola el derecho humano de acceso a la justicia, porque los jueces y magistrados podrían impartir justicia en línea. Habrá que actualizarlos, pues.

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Segunda llamada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) fue desairada respecto a las medidas cautelares que indicó para proteger a los viejitos de las restricciones arbitrarias del gobierno de Jalisco que no les permiten ingresar a hacer sus compras. Como hasta ahora no ha visto que muevan un solo dedo para proteger a las personas de edad avanzada, la defensoría ya amagó con que buscará determinar responsabilidad por parte de funcionarios que hayan violado los derechos humanos de ese sector de la población. Y por allá el gobierno, bien, gracias. Como si les importara.

La comisión ya anunció que conformará un grupo de especialistas y de personas adultas mayores para analizar la situación y, probablemente, dictar nuevas medidas. Para el organismo, lo que debería ocurrir es lo contrario: favorecer a esas personas, evitar la discriminación y la discrecionalidad. Pero hay quienes tienen totalmente lo contrario a los oídos de un tísico…

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Ni las miles de visitas y apercibimientos que, según el Ayuntamiento de Tonalá hizo del 16 al 31 de enero como parte del operativo botonazo de emergencia ni las miles de muertes y contagios; es más, ni la misma pandemia hacen entrar en razón a los locatarios de ese municipio, y, ¿sabe por qué? Porque las medidas, filtros y protocolos se los pasan por... dejémoslo en que las ignoran y las burlan. Pareciera que Tonalá es la tierra soñada donde el Covid-19 y los contagios por este virus nomás no llegan. Y que es la tierra soñada, donde, si usted va, la impresión es que a la gente no le da mello contagiarse.

Parece broma; no lo es. El problema de la omisión de medidas es tal, que en negocios ubicados frente a la propia presidencia municipal, donde se pensaría que la vigilancia y medidas serían más estrictas, no hay un solo filtro sanitario, pero... ni uno. Y si es que las revisiones están a la orden del día, como asegura el ayuntamiento, entonces los comerciantes y dueños de negocios salieron más toreros que el mismo Zotoluco, pues con una media verónica torean a la autoridad, para írsele por piernas en los protocolos de sanidad.

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En el caso del presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, y el director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, hasta el partido del edil, Movimiento Ciudadano, reprueba su conducta y anuncia que propondrá dejarlo fuera de cualquier postulación. Y lo que alcanzamos a escuchar es una vieja frase: Acosadores, go home.

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