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El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), Daniel Espinosa Licón, aceptó que el acceso a la justicia en casos de feminicidio se ve obstaculizado por una especie de “burocracia judicial”, la cual es aprovechada por la defensa de los imputados para alargar los procesos por años mediante amparos. 

Puntualizó que esto es válido y no se puede impedir, ya que es un derecho que tiene todo acusado, pero aceptó que sí es una causa de que el avance en la impartición de justicia sea lento en el estado.  

“Una apelación contra un auto de vinculación a proceso se tarda aproximadamente en resolver entre cuatro y seis meses. Si después de lo que resuelva la sala en la apelación, decide irse a un amparo, se tardaría seis meses. Este tema de recursos y medios de defensa generan que el procedimiento se vaya retrasando, pero no por parte del Poder Judicial, sino por parte de los mecanismos de defensa”. 

Puntualizó que estos mecanismos pueden alargar el proceso antes del juicio hasta cuatro o cinco años. Posteriormente hay que esperar al menos un año más para el desahogo de las audiencias.  

Con ello justificó que las sentencias por feminicidios sean mínimas en el estado. 

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