Una realidad que�no se puede�tachar

En lugar de resolver la crisis que hay en Jalisco en torno a la identificación de cuerpos y restos humanos bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), decidieron ocultarla. 

El problema de la información que se oculta es que estamos hablando de personas. Es irremediable reflexionar que esos números en las gráficas, cubiertos por completo por el IJCF ante una solicitud de información vía transparencia, son personas a quienes alguien busca, que le importan a alguien, que alguna vez tuvieron un proyecto de vida. 

Y es que ante el manejo que ha tenido la actual gestión del IJCF puede entenderse que se registren casos como los cuerpos que fueron reclamados prácticamente a su llegada a la institución, pero que ante la falta de identificación pueden pasar meses o hasta años antes de ser entregados a sus familias o, peor aún, sin que sus familias sepan que ahí están. Imaginen a una madre que pasa meses buscando a su hijo, cuando en realidad a los pocos días de percatarse de su ausencia pudo haberlo reclamado ante la autoridad forense. 

La crisis que se ha generado en el actual gobierno, que encabeza Enrique Alfaro, fue denunciada por los mismos trabajadores del IJCF. Para documentarlo, El Diario NTR Guadalajara solicitó cinco oficios de comunicación interna en los que se daba cuenta del problema. Esto, junto con los informes internos remitidos por el área forense al director del instituto. 

La importancia de conocer esos documentos es que ahí está la verdad. No las cifras maquilladas, no las declaraciones de funcionarios, no la opacidad con la que se busca disimular el problema que más daño causa a los jaliscienses: las desapariciones y los asesinatos. 

Este diario había tenido acceso a uno de los informes elaborados internamente por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En este se daba cuenta del número de cuerpos y fragmentos en cada uno de los espacios destinados para el resguardo. 

En el documento se puede constatar que hablamos de cerca de 3 mil cuerpos, casi tres veces lo que había en aquella crisis que obligó a la renta de dos tráileres para conservarlos, y que luego motivó el despido del titular forense, Luis Octavio Cotero Bernal. Según esos mismos informes, cuando comenzó el gobierno de Enrique Alfaro había menos de 300 cuerpos. Claro, esta crisis forense es del actual gobierno. 

Este diario solicitó que se le entregaran los informes internos, los cuales se negaron en un primer momento, para luego entregarse con todos los números tachados. El argumento es que “las cifras de dichos comunicados están supeditadas a una adecuada interpretación desde el punto de vista de las áreas operativas que, de hacerse públicas, puede provocar una serie de equívocos alarmantes en la sociedad”. 

También se pidió la comunicación interna en la que trabajadores del IJCF informaban al director de la acumulación de cuerpos y la imposibilidad de cumplir con la identificación si no se contrataba más personal, así como el mal manejo en la recuperación de cuerpos de fosas clandestinas. También en este caso hubo tachones que imposibilitan conocer el contenido. 

La acumulación de cuerpos sin identificar solo puede tener dos razones: la ineficiencia de las autoridades o el desinterés en resolver el problema. Cualquiera de las dos es sumamente grave. Porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses podrá tachar los números en los documentos entregados vía transferencia, pero esas personas que perdieron la vida y cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias son una realidad, la cual no se desaparece cubriéndola con un marcador. 

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