La derrota por el caso�Villase�or

La principal característica del delito de desaparición forzada es la voluntad de ocultar el destino de las víctimas. 

En las dictaduras militares, principalmente los miembros del Ejército y de la Policía cometen ese tipo de crímenes a favor de un Estado totalitario que busca aniquilar a la resistencia y evitar que los responsables de emitir y ejecutar las órdenes sean procesados, a la vez que nutren un terror paralizante en agravio de la sociedad. La gente vive permanentemente aterrada por la posibilidad siempre latente de que un representante de la autoridad se la lleve y no se vuelva a saber de ellos. El Estado ejerce el poder sobre la vida y sobre la muerte en función de los intereses de una oligarquía militar a través de un mecanismo que Achilles Mbembe denominó necropolítica. 

Nuestro contexto es distinto porque en teoría tenemos autoridades democráticas para garantizar la protección de los derechos humanos y una vida política participativa, pero en la práctica los grupos criminales ejercen un poder que doblega al Estado y han logrado el ejercicio generalizado de la necropolítica a través de sus propios recursos y usando los del Estado constitucional. 

Los policías de Tecalitlán sentenciados por desaparición forzada, que entregaron a tres ciudadanos italianos a un grupo criminal, y los policías de Acatic que han sido acusados de participar en la desaparición de la familia Villaseñor tienen en común que, ya sea por coerción o por conveniencia, optaron por servir al narcoestado en vez de servir a la sociedad y cumplir con sus obligaciones legales. 

Y las instituciones se someten voluntariamente a esa dinámica necropolítica al involucrarse en la dinámica establecida por los intereses del crimen organizado, participando en el lucro político de la desaparición a través de su contraparte en la búsqueda. 

El caso de la familia Villaseñor no es distinto al resto de las desapariciones en su trágico desarrollo, sino en la proyección mediática que se le dio, primero, y en el uso propagandístico que le dio el gobierno de Jalisco en última instancia. No estuvo en el centro la persona, no lo estuvo cada uno de los cinco integrantes de la familia que fueron plagiados y entregados a algún grupo criminal por los policías de Acatic. En el centro estuvo el interés de proyectar una imagen de responsabilidad en la búsqueda, asignando recursos humanos y materiales desproporcionados a los usados habitualmente en cualquier caso de búsqueda y difundiendo también desproporcionadamente los actos de búsqueda y de investigación. 

Se le dio un uso necropolítico por parte del gobierno de Jalisco no solo a la desaparición, sino a la localización, que fue comunicada como un logro y no como lo que fue: una derrota. El crimen organizado mostró su poder de decisión sobre la vida y sobre la muerte con la liberación de la familia al margen de la actuación de las instituciones del estado. Se refrendó, así, como un poder superior, capaz de corromper y permanecer impune, tomando en cuenta que los policías acusados fueron peones en un juego macabro del gato y el ratón. 

Justicia no será lograr una condena contra esos siete policías, sino encontrar a cada una de las personas desaparecidas en Jalisco y dar a sus familiares, como víctimas indirectas, el acceso a la verdad de lo que ocurrió en cada uno de los casos. Justicia será transparentar detalladamente qué es lo que está pasando, por qué se siguen incrementando las desapariciones, a través de informes constantes y a profundidad de la situación que vivimos hasta que cese. Justicia será transformar a la policía y a las instituciones de esclavos del crimen a servidores de la sociedad. 

Twitter: @levario_j

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