Es la seguridad, est�pidos

En México, el mundo de la política –y, mejor dicho, de las elecciones– es perfecto. Los discursos se montan en supuestos que sólo existen en la cabeza de los candidatos y sus consultores. Por ejemplo, quienes aspiran a las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara están haciendo campaña, asisten a reuniones, debaten públicamente entre sí y se lanzan a las colonias, comunidades y barrios a pedir el voto. En ese universo las cosas parecen funcionar como en las democracias consolidadas: los contendientes hacen propuestas, presentan soluciones y cuestionan al oponente; las autoridades electorales organizan la elección y velan por la equidad del proceso y la gente acude a votar. Hasta aquí todo bien. 

El problema se presenta afuera de esa burbuja. En el mundo real, esas personas con cara de elector viven aterrorizadas, se sienten inseguras y perciben la violencia de manera muy cercana; lo peor es que ese sentimiento ya es parte de su cotidianidad. Así, la inseguridad que se vive en Jalisco y en todo el país hace parecer absurdas y ridículas todas las campañas políticas, porque todas están imposibilitadas de ofrecernos algo esencial, la garantía del estado de derecho, empezando por uno de sus principios sustanciales: proteger nuestra vida. 

En México y en Jalisco han desfilado partidos políticos y candidatos de todos colores y sabores, después se han convertido en autoridades, pero las cosas, en términos de seguridad, cada vez están peor. Quedó claro que la alternancia y el multipartidismo no serían la solución del problema; al contrario, la delincuencia organizada llenó todos los vacíos y se autoproclamó autoridad. El crimen organizado mata ex gobernadores, alcaldes, diputados, candidatos, líderes sociales, periodistas y, por supuesto, civiles; mucha gente, niños, mujeres y hombres, pierden la vida todos los días, ya sea por confusión, por daño colateral o como parte del diseño del “operativo” en turno. 

La gente depositará su boleta el próximo 6 de junio con la esperanza de vivir segura –el principal anhelo de la ciudadanía de acuerdo con todas las encuestas publicadas–; sin embargo, quienes resulten electos podrán hacer muy poco al respecto. Los secuestros y asesinatos a plena luz del día seguirán, las casas de seguridad continuarán, habrá más hallazgos de narcofosas y se repartirán despensas en nombre de ciertos líderes de cárteles. Si las cosas empeoran, seremos testigos de nuevos narcobloqueos. 

El presidente de la República y los gobernadores seguirán supeditados a los designios de los jefes, ya que de éstos depende, y no de la policía o las Fuerzas Armadas, el orden, la estabilidad y la gobernabilidad. Los alcaldes, por su parte, seguirán caminando con cuidado, cumpliendo acuerdos, siguiendo la línea pactada, porque de otra forma las consecuencias podrían ser muy graves. 

La fragmentación del poder político, después de la muerte del sistema hegemónico priista, representó el desvanecimiento de una estrategia nacional de seguridad controlada desde el poder central. Hoy, los únicos actores que tendrían la capacidad de hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada son el Ejército y la Marina, pero es evidente que no existe una estrategia funcional para eso. 

El 2020 nos dejó más de 35 mil muertes violentas; mientras tanto los partidos políticos y sus candidatos se preparan, como si nada, para la elección del 6 de junio. Ante este escenario, la ciudadanía de a pie no tenemos razones para sentirnos esperanzados. El presidente y los nuevos gobernadores y alcaldes seguirán con las mismas limitaciones, sin margen de maniobra y maniatados. Simularán tener el control de la seguridad –aunque todos sepamos que no–, aparentarán tener todo en calma y evitarán el tema en sus discursos, porque eso no está en sus posibilidades y les resta legitimidad. En México no hay estado, sólo nos alcanza para organizar elecciones. 

juanluishgonzá[email protected]  

JB