Los desplazados, del�hecho aislado a�la normalidad

Cerca de 700 personas se vieron obligadas a dejar sus casas en el municipio de Teocaltiche, en la región de los Altos de Jalisco. Asolados por el crimen organizado que opera con enorme impunidad, ancianos, mujeres y niños salieron despavoridos de sus hogares. 

Abandonaron sus pertenencias, sus animales y su modo de vida. La presencia de grupos criminales en la región no les dejó otra alternativa. 

Como suele suceder en estos casos, la sociedad civil reaccionó con mayor celeridad que las autoridades. Fueron religiosos, vecinos de poblaciones cercanas y familiares de los desplazados los primeros en reaccionar para acoger a las víctimas de la violencia y brindarles apoyo. 

Entre las múltiples tragedias que generan los grupos de delincuentes en México están la de los desplazamientos forzados. Como sucede en zonas rurales, con frecuencia de manera paulatina y silenciosa, las víctimas son en su mayoría pobres; autoridades y medios de comunicación suelen darles menos importancia que cuando los hechos delincuenciales ocurren en las grandes ciudades. 

En 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que al menos 35 mil 433 personas habían dejado sus hogares por causa de la violencia. Tres años después, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, registraba 346 mil 945 víctimas, una cifra 10 veces mayor. 

De esta manera, el número de desplazados en México equivale aproximadamente a tres veces la población total de Ciudad Guzmán. 

Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas son los estados donde se registra un mayor número de casos de personas desplazadas. En 2016 Jalisco no aparecía en el registro, pero ahora ya está en las listas. 

Hace un año, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que el número de desplazados en el mundo se duplicó en apenas un decenio para sumar casi 80 millones de víctimas. 

En el documento Desplazamiento interno por violencia en México 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que el problema “está creciendo de manera significativa en México, por lo que resulta alarmante que las autoridades de todos los niveles estén desatendiendo e incluso ignorando esta problemática”. 

La impunidad con que operan en México los narcotraficantes es una de las principales causas que obliga a las personas a dejar atrás sus hogares para intentar sobrevivir. Los criminales se apropian paulatinamente de extensas zonas del territorio nacional donde imponen su ley. 

Si antes eran grupos clandestinos que operaban en las sombras, hoy se dan el lujo de poner logotipos en sus vehículos y uniformes. Se desplazan en caravanas de decenas de autos por las carreteras a plena luz del día. Controlan los accesos a las poblaciones, cobran derechos de piso, se adueñad de propiedades y personas; lo mismo de muchachas que de jóvenes a quienes obligan a formar parte de sus filas como carne de cañón. 

La reciente visita del nuncio apostólico Franco Coppola a Aguililla, Michoacán, sirvió para mostrar una vez más la manera en que los delincuentes controlan extensas zonas del país ante la indiferencia de autoridades municipales, estatales y federales que renuncian a cumplir su obligación de aplicar la ley. 

El coordinador estratégico del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, afirmó que los desplazamientos forzados en Teocaltiche son “hechos aislados”. Lo mismo dijeron sus antecesores cuando comenzaron los asesinatos, las balaceras, las desapariciones y las fosas comunes que hoy son parte de la vida cotidiana de Jalisco. 

Las autoridades tienen la obligación de recuperar el control de Teocaltiche, de lo contrario los desplazamientos en Jalisco se convertirán en parte de la normalidad que sufren muchas regiones de México. Aún están a tiempo. 

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