Semefo resguarda los restos en cajas

“El Semefo es una fosa”. Ese fue uno de los reclamos que gritó Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), en la Marcha por la Paz y la Justicia desarrollada el 11 de mayo en Guadalajara. Y tiene razón, ya que las partes de cuerpos rescatadas de fosas clandestinas son colocadas en contenedores de plástico y resguardadas en los pasillos de los refrigeradores para que ocupen menos espacio. A esto se suma una reducción de personal a 50 por ciento que ha hecho lento el proceso de identificación. 

La estrategia fue decidida por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ante la imposibilidad de sacar adelante el trabajo, lo cual fue denunciado por personal forense a El Diario NTR Guadalajara y se confirmó recientemente con documentación de comunicación interna de la institución. Según los trabajadores, los restos humanos no son sometidos a procesos de identificación por la carga laboral, así que se optó por colocarlos en cajas de plástico que se acumulan en los pasillos de las diferentes cámaras de refrigeración. 

Estos datos pudieron confirmarse en oficios enviados al director general del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, y entregados a NTR por una resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itei) luego de resolver un recurso. En una primera ocasión el IJCF negó la información reservándola, pero luego la entregó testada, de manera que era imposible leer el contenido. Finalmente, se quitó la censura en algunos párrafos. 

En el intercambio de comunicaciones internas recibidas se denuncia la crisis que se vive en la institución por la acumulación de cuerpos, la lentitud para identificar los que son rescatados de fosas clandestinas y una considerable reducción de personal. 

Por ejemplo, en un oficio enviado el 28 de febrero de 2020 con la leyenda “Urgente” por la entonces directora del Semefo, Martha Stephanía Robles Cervantes, a Quezada Esparza se informa al funcionario la “preocupación y urgencia por el estado de la capacidad de resguardo de cuerpos, restos óseos y/o segmentos anatómicos disponibles en estas instalaciones” y que “la tendencia es a seguir aumentando”. 

Explica que la crisis se registró a partir de que comenzó la recuperación de “indicios de restos humanos en los sitios de inhumación clandestina denominados como fosas”, así como por el “rezago en el procesamiento y emisión de dictámenes complementarios para la asociación de secciones anatómicas y su futura identificación”. Por ello, pide la “urgente intervención de toda acción administrativa y de gestión para aumentar la capacidad de resguardo en estas instalaciones”. 

La funcionaria volvió a enviar la solicitud el 3 de marzo. En ella reitera la falta de espacios, la cual pudo atenuarse debido a la “implementación de la estrategia de resguardar las secciones anatómicas procedentes de esos eventos (las fosas clandestinas) en contenedores especiales dentro de las mismas cámaras refrigerantes, liberando así módulos para los cuerpos de mayor tamaño”. 

La medida de poner los restos óseos en cajas de plástico no fue suficiente, pues la funcionaria también denuncia en el oficio que no se pudo asegurar “el cumplimiento de la política interna de resguardar un cuerpo por espacio de resguardo, orillando a la necesidad de poner hasta dos cuerpos en cada espacio”. 

En este último oficio Robles Cervantes pide también la intervención de la Junta de Gobierno del IJCF. 

REDUCEN PERSONAL 

En un tercer oficio, del 29 de abril de 2020, la titular del Semefo denuncia además que a pesar del aumento en el número de cuerpos se redujo el personal con el argumento de la pandemia de Covid-19 y por indicaciones de la Secretaría de Administración, según la circular SECADMON/DS/11/2020. A esto se sumó que personal operativo de Criminalística y Odontología fue reasignado a la unidad especial de Covid. 

Así, agrega, el área de procesamiento sólo tenía a 50 por ciento de su personal, por lo que había una persona por turno de 24 horas “para la realización de procesamientos propios”. La Unidad de Procesamiento, se explica en el escrito, está formada por peritos en criminalística, quienes son los encargados de dar “seguridad en la adecuada y pronta obtención de elementos que apoyen la identificación de las personas fallecidas y que son usados de forma inicial en el área de búsquedas”. 

Entre las tareas que realizan está la recepción y elaboración de documentos relacionados con la persona fallecida; la documentación fotográfica del cadáver; la toma de huellas dactilares para su futura confronta; procesamiento de prendas de vestir; toma, embajale y remisión de elementos para estudios adicionales solicitados, y el resguardo digital de fotografías en los sistemas informáticos. 

La reducción de personal también afectó las áreas de Odontología y Trabajo Social, donde había una persona por turno cada 24 horas. El personal de Medicina se redujo a 70 por ciento. 

En este último escrito se pide que “no se ejerza presión administrativa u operativa en la obtención de elementos con fines de identificación, remisión de indicios, así como en la emisión de dictámenes más allá de las capacidades administrativas y operativas actuales del Servicio Médico Forense”. 

Finalmente, el oficio señala que no se ha reunido la Comisión para el Acompañamiento y Observación de Identificación para avalar las inhumaciones de los cuerpos ya identificados. 

A pesar de la urgencia marcada en los escritos, la respuesta del director del IJCF tardó más de dos meses y no llegó con soluciones. En un oficio del 7 de mayo de 2020, el funcionario sólo transcribió las atribuciones y responsabilidades que marca la ley para cada área y pidió a Martha Stephanía Robles que enviara una propuesta del personal que se necesitaba, apegándose a los perfiles. Además, la invitó a denunciar las presiones al personal ante el Órgano Interno de Control. 

Los antecedentes: primero se negó la información  

A mediados de diciembre del año pasado, NTR dio a conocer que informes internos del IJCF a los que se tuvo acceso daban cuenta que, hasta junio de 2020, en el instituto había bajo resguardo casi 3 mil cuerpos y restos óseos. 

Este medio solicitó al IJCF copia de esos informes internos, así como respuestas a éstos que en su momento dio el director general de la institución, Gustavo Quezada Esparza; sin embargo, el instituto negó la información con el argumento que estaba relacionada con estrategias de seguridad. 

Ante el recurso presentado contra esa respuesta, el Itei determinó que se debía entregar una versión pública, pero se remitieron los oficios con la mayor parte de los párrafos testados, por lo que no era posible la lectura. 

Finalmente, el 28 de abril el Itei determinó que la versión pública debía entregarse apegada a lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se entregó una nueva versión en la que se dejó descubierta la mayor parte del texto de cada documento. Sonia Serrano Íñiguez

Desde el año pasado 

• En un oficio enviado el 28 de febrero de 2020, la entonces directora del Semefo, Martha Stephanía Robles Cervantes, explicó al director general del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, que en el servicio había una crisis a raíz de los indicios de restos humanos hallados “en los sitios de inhumación clandestina denominados como fosas”. En ese entonces también dio a conocer un “rezago en el procesamiento y emisión de dictámenes complementarios para la asociación de secciones anatómicas y su futura identificación” 

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