Espionaje, la�rabia y el�miedo

Leer los nombres de algunos periodistas en la lista de mexicanos espiados por el gobierno de nuestro país no nos sorprende. El tema se ha platicado desde hace años e incluso se han tomado medidas como cursos y capacitación de protección para periodistas. 

Pero el hecho de que no nos sorprenda no reduce la rabia y, por qué no, el miedo. Porque es inevitable pensar en el riesgo que esa información que pudo recabarse significa para los periodistas, para sus familias y personas cercanas y, sobre todo, para fuentes y víctimas. 

Lo primero que debemos reflexionar en torno a la información que se dio a conocer en la edición de esta semana de la revista Proceso, sobre el proyecto Pegasus, es el uso que se dio a la información recabada. 

Luego, vienen diferentes puntos relacionados con este tema, que vuelven a llevar del enojo al miedo. 

La contratación de este tipo de servicios debería tener como objetivo, en teoría, obtener información para el combate al crimen organizado. Por ello es doblemente grave que el equipo y los servicios se hayan utilizado para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Es el Estado contra sus ciudadanos, convirtiéndose en un elemento más violador de las garantías de los individuos y, por algunos casos que han tenido terribles consecuencias, seguramente convirtiéndose en aliado de los delincuentes. 

Es, además, un desvío claro de recursos públicos y la renuncia a destinar esos recursos para reducir los efectos de la delincuencia en la sociedad. Se vigila a quienes intentan revertir con información la tragedia que vive México, en lugar de a quienes la provocan. 

Otro punto importante es la grave violación a la privacidad de los periodistas. No sólo hablamos de su trabajo, que ya es de por sí delicado que sea vigilado de manera ilegal, sino también de la vida personal y familiar expuesta y en manos de quienes manejaron el programa. 

Además, se deja en la vulnerabilidad a las víctimas y todas aquellas personas que han confiado en el periodismo como el último resquicio para ventilar los problemas de este México donde la violencia y la corrupción son el lugar más común. 

Cuando un periodista es vigilado, lo primero que viene a la mente es la información que tantas personas han compartido y el riesgo que eso implicará para ellos. Es ahí donde el miedo surge, no sólo por los periodistas, sino por todo lo que hay a su alrededor. 

En la lista de periodistas que fueron espiados o al menos se intentó espiar aparecen, por ejemplo, Marcela Turati y Alejandra Xanic von Bertrab, dos periodistas que en los últimos años se han enfocado a temas relacionados con la violencia, como las desapariciones, las fosas clandestinas, las masacres, ya sea como reporteras, impulsando espacios para que estos temas sean abordados o tejiendo redes de periodismo. También han cobijado a periodistas, se han ocupado de su capacitación o de apoyar sus investigaciones. 

Aunque podríamos considerar que era obvio encontrar sus nombres, eso no impide que al leerlos se sienta rabia. Lo mismo que al leer los nombres de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, los compañeros de Río Doce de Javier Valdez –asesinado en Sinaloa–, y de Griselda Triana, su esposa, o el de la periodista Carmen Aristegui. 

El tema del espionaje ya se había difundido, aunque no con los detalles que este fin de semana se dieron a conocer. Lo que tendría que seguir es que el gobierno federal abra una investigación ante este grave caso y se sancione a los responsables y, sobre todo, que la información que se recabó de manera ilegal sea destruida. Además, que se suspendan los contratos similares que el actual gobierno federal ha firmado. 

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