Desempolvan los�cargos vs.�Rodolfo Ocampo

Ocho años después y cuando ya la acción prescribió, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) desempolvó el crédito fiscal que se generó contra el ex director del organismo, Rodolfo Ocampo Velázquez, por los cargos que fincó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la Cuenta Pública 2008. 

Dichos cargos eran por más de 706 millones de pesos y poco más de 236 mil dólares.  

El jueves 9 de septiembre, el pleno del Congreso del Estado recibió un oficio firmado por el director del Siapa, Carlos Enrique Torres Lugo, en el que hizo alusión “al decreto número 2456/LX/13, de fecha 14 de noviembre de 2013”, el cual se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 21 de diciembre de ese año. 

Dicho decreto, añade el documento, instruye al director del Siapa “para que hiciera el requerimiento de pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución” en contra de Rodolfo Ocampo, “respecto del crédito fiscal que se determinó por los conceptos y consideraciones que se desprenden del citado decreto”. 

El decreto al que hace referencia es el que aprueba la propuesta de la ASEJ de rechazar la cuenta pública del Siapa correspondiente al ejercicio de 2008 y finca cargos por 706 millones 449 mil 978.44 pesos, así como por 236 mil 957 dólares “o su equivalente en pesos mexicanos”. 

En ese documento la ASEJ estableció cargos por 46.9 millones de pesos al Siapa luego de erogaciones no justificadas realizadas con recursos del organismo. Los casi 660 millones de presos restantes le fueron fincados porque los usuarios del Siapa tenían adeudos. 

En el decreto se señala que no se solventó la observación y se puntualiza que 659.6 millones de pesos no fueron debidamente gestionados “para su recuperación por adeudos de consumidores por servicio medido y cuota fija”. 

Las anomalías señaladas en la gestión de Rodolfo Ocampo lo llevaron incluso a la cárcel en junio de 2013, pero fue liberado después de cumplir con la condena que le fue impuesta.  

En cuanto a los cargos, su defensa asegura que ya prescribieron y que además sigue vigente una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que no ha sido revertida. 

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