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La impunidad en Jalisco y el resto del país no cede. Los autores de la violencia generalizada y la violación de derechos humanos continúan impunes casi en su totalidad. Para explicar el fenómeno, analistas suelen centrarse en la falta de recursos humanos y técnicos, la mínima capacitación del personal, los reducidos sueldos en las fuerzas de seguridad y otros elementos, como parte de las causas que impiden disminuir la impunidad. Tienen razón en parte. 

Pero tal visión puede justificar los magros resultados de las autoridades. Sugiere que éstas hacen lo que se puede. La causa, se argumenta, es la limitada eficacia de las instituciones de procuración y administración de justicia. Se construye un discurso que normaliza que continúen sin sanción los responsables de feminicidios, por ejemplo. 

Advirtamos que hay todavía más de fondo: la impunidad en materia de derechos humanos responde, “antes que a la falta de capacidades, a una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”, indica la investigación La impunidad activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos, del ITESO y la University Network of Human Rights. 

Es decir, “la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos no es primordialmente ‘involuntaria’ (como sugiere el argumento de capacidades), ni accidental o aleatoria, sino que es resultado de una serie de acciones realizadas con el fin explícito de socavar las investigaciones”. El objetivo es que no haya castigo o sanción para los responsables. Es una impunidad activa, que “no es accidental”, “involuntaria” o resultado de una mera “falta de capacidades institucionales”. 

Coordinada por Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, la investigación analiza 11 casos de graves abusos que exhiben la impunidad activa en desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, tortura y asesinatos de periodistas. Uno es el de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 43 personas, de las que 22, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron ejecutadas extrajudicialmente en mayo de 2015. Lo sucedido repercutió en familias de Ocotlán, Jalisco, como informó El Diario NTR Guadalajara. 

La impunidad activa promovida por autoridades en los 11 casos graves se produjo vía la alteración de la escena de los hechos y siembra de evidencia falsa; la negativa de recibir denuncias e iniciar investigaciones; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos; la presentación de cargos en contra de las víctimas; la reticencia de autoridades civiles a investigar a elementos de las Fuerzas Armadas; la renuencia de autoridades a investigar casos de narcopolítica y el intento de manchar la reputación de víctimas. Mecanismos presentes en casos de Jalisco. 

La investigación revisa mecanismos de supervisión internacional de la justicia ante las crisis de impunidad enquistada en México y Centroamérica. Uno es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este jueves cumplen seis años de que fueron desaparecidos, y el relevante papel en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que impactó en diversos ámbitos y derrumbó la “verdad histórica”. Los académicos sugieren la intervención, como ha sucedido en otros países, de una comisión internacional, con independencia y autonomía, “para que pueda contribuir a superar al menos parcialmente algunos de los obstáculos a la justicia y al respeto de los derechos de las víctimas que genera la impunidad activa y para debilitar el círculo de impunidad vigente en México”. La propuesta está sustentada, y es oportuna y necesaria. 

Twitter: @SergioRenedDios

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