Quinto Patio

2021-11-04 06:00:00

Si sumamos los vehículos blindados que están a disposición de funcionarios públicos con los policías privados que custodian las áreas en las que trabajan encontraremos la percepción de seguridad que desde el gobierno del estado provoca que no se entienda por qué los ciudadanos nos quejamos de la inseguridad. El gobierno de Enrique Alfaro firmó tres contratos para disponer de policías privados que cuiden edificios públicos.

Así, añadamos, se gastarán durante 2021 y el año próximo 361.5 millones de pesos en los servicios de 973 elementos. Esto significa que hay más policías cuidando edificios que en los municipios metropolitanos de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, y más del doble de los que hay en Puerto Vallarta. Pero no sólo eso, el monto que se paga equivale a ocho veces el presupuesto anual de la Comisión de Búsqueda de Personas. Así que calcule usted las prioridades.

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Que están dadas las condiciones para que los niños y adolescentes regresen a sus clases 100 por ciento presenciales. O séase que sí se halla listo todo para retomar el caminito de la escuela, confirma el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, para quien sin problemas se puede volver a las aulas como antes de la pandemia.

De hecho, ya se decidió que sí se regresará a la presencialidad. Peeeeeeero haciéndola cardiaca con el anuncio, habrá que esperarse hasta el lunes para que informen los detalles que acordó la Mesa de Salud, que ayer sesionó. Mientras tanto, los padres de familia ya pueden ir previendo el retorno de sus chamacos.

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Solos y a merced de mineros y el crimen organizado están los habitantes indígenas de Ayotitlán, que por años han peleado sus batallas en un territorio al que nadie voltea a ver. Dicen que ni el gobierno de Jalisco ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos quieren hacer algo en verdad útil para apoyarlos tras el despojo, amenazas de matanzas de las que han sido víctimas luego de la privatización de la mina Peña Colorada.

Tuvieron que ir a instancias internacionales y gracias al apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el gobierno federal los escuchará.

Ellos también son jaliscienses, residentes en el municipio Cuautitlán de García Barragán, y no tienen un trato justo. Padecen la inseguridad y tienen que dejar sus tierras para sobrevivir, pero para el gobierno de Jalisco son invisibles.

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Los empleados de base en el Congreso local están preocupados porque corren el riesgo de que la quincena próxima no salga, no perciban su salario, y todo porque los diputados locales no se ponen de acuerdo. Están trabadas las negociaciones de la naciente legislatura.

No es la primera vez que los empleados enfrentan este problema, pero sí recuerdan los problemas en que los meten, porque llegará con retraso el pago que ya devengaron y, obvio, podrá meterlos en una situación difícil en el cumplimiento de sus compromisos. Este padecimiento ya lo conocen los coordinadores parlamentarios y el tiempo dirá qué les interesa más, si el bienestar de sus empleados o sus acuerdos políticos.

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¿Recuerda el caso de este año de los cientos de habitantes desplazados de sus comunidades, vehículos quemados, desapariciones y demás por la violencia generada por grupos delictivos en Teocaltiche? Pues ayer, en ese municipio, fueron emboscados elementos de la Fiscalía del Estado que investigan desapariciones, de acuerdo con el primer reporte enviado anoche por el gobierno estatal.

La región sigue caliente. Sobre todo en aquellos municipios, como Teocaltiche, que tienen frontera con Zacatecas. Hay un hervidero de delincuentes por esos rumbos.

qp@ntrguadalajara.com

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