Quinto Patio

Quesque dice el siñor gobernador Enrique Alfaro que pruebas de detección de Covid-19 sí hay; manque lo que no es suficiente es la infraestructura instalada ni el personal para su procesamiento, y que, ansina, eso explica las largas esperas para citas y para la entrega de resultados. Bueno, al fin y al cabo, es lo mesmo. ¿A poco cree el siñor gobernador que la gente va a estar mansamente, que le va a tranquilizar saber que sí hay pruebas, pero no quien las procese? Al final el resultado es que la población tiene poco acceso a ellas, por una cosa u otra y por otra. Y, pos, ya chole.

Y es que, iren, pareciera como si el gobierno estatal no hubiera tenido dos años completos para estudiar y conocer un poco acerca de la pandemia y, con base en eso, prever que se requerirían no solo pruebas, sino infraestructura y personal. Nuncamente lo hicieron. Todo fue a última hora, desde inicios de diciembre el gobernador dijo que ya esperaban la nueva ola actual, ¿qué hicieron? Pues él se fue de vacaciones y pareciera que su equipo iguanas ranas. Nos chorearon, pues.

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En vez de un funcionario que oriente a la gente que ha sufrido de delitos para que se esclarezcan, la Fiscalía del Estado tiene en la puerta gente con el propósito de regresarlos a su casa. Que porque no se saben el número de IMEI (código de identidad de fabricación) del teléfono celular que les robaron, no pueden denunciar, que lo traigan luego y ya veremos. Y pues, la gente se queda con el mal sabor de boca y no quiere volver. Y como en la mercadotecnia, se corre la voz del mal servicio y la ciudadanía no va.

Eso es parte de la explicación que da el especialista Jorge Tejada, de ITESO, respecto a los resultados de Jalisco en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, que no es nada halagador. Y aunque otros estados han dado grandes pasos para facilitar los procesos digitales, Jalisco sigue con sus prácticas a la antigüita.

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El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, inició el año con dos conflictos y parece los mantendrá; uno, con la titular del sindicato del DIF tapatío, Martha Elia Naranjo, y el otro con su ex contrincante de Morena, el regidor Carlos Lomelí. Y con ambos ya demostró que es y será implacable.

En los dos frentes utiliza similares argumentos, de que buscaban les concediera favores, que no actúan de acuerdo con la ley y que lo quieren extorsionar. Tooodo eso. Y es que los dos no le compran la imagen de ser tan buena onda y tan conciliador, como se vende.

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La cosa es que Lemus los descalifica una y otra vez, de manera pública y sin mostrar pruebas, siempre con dichos y con la autoridad que ostenta. Les trae tirria. Ahora se lanzó de nuevo contra Lomelí, quien critica la licitación nacional de arrendamiento de patrullas, y la trae duro y duro, sosteniendo que es el negocio del siglo.

A su vez el alcalde asegura a un medio informativo que Lomelí lo quiso extorsionar con la regularización de bodegas. El pleito apenas empieza. Falta comprobar quién presenta pruebas de sus dichos. Pero destaquemos que las controversias son normales. Son parte del juego político. Las dudas son: ¿Es un pleito a dos caídas de tres... años? ¿Quién será más tolerante a las críticas?, porque ahí es donde la puerca suele torcer el rabo.

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Que el certificado de vacunación o la prueba negativa tipo antígena serían solo para entrar a antros, bares, similares y eventos masivos, al Ayuntamiento de Tlajomulco no le importa.

Circula oficio del oficial mayor, César Efraín Valdez, de que se exigirá uno de los dos documentos, desde el lunes, a quienes quieran ingresar a edificios del gobierno municipal. Con atento recado a los derechos laborales…

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