Jalisco, la entidad de v�ctimas

Jalisco se ha convertido en un estado donde ninguna persona puede sentirse segura. Aun con la creciente violencia y los índices delictivos alarmantes, no hay una respuesta institucional que abone a la prevención, investigación eficaz, sanción de las personas responsables y reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos.

De manera constante, el número de víctimas va en aumento y la impunidad estructural no les ha permitido alcanzar el acceso a la verdad y la justicia. Sin embargo, las únicas acciones realizadas por el Estado han sido reducir las experiencias o estos hechos vividos a cifras que son mostradas en las estadísticas de las estrategias de seguridad fallida, sin que se considerara que, a raíz de los hechos, el proyecto de vida de las víctimas se ha desbaratado por completo. Las instituciones obligadas a garantizar los derechos de las víctimas y brindarles atención, con su debilidad operativa y falta de sensibilización, han abonado a la invisibilización de los impactos de la violencia, la revictimización y la desprotección.

En Jalisco, a partir de la aprobación de la Ley de Atención a Víctimas en 2014, se ha tratado de construir una política de atender a las personas afectadas; sin embargo, a la fecha no se han generado condiciones para proporcionarles un verdadero servicio y atender sus necesidades e impactos generados. El funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) ha dependido de la voluntad política de los gobiernos en turno, ignorando sus limitaciones estructurales y evidenciando que la atención integral a víctimas no ha sido su prioridad.

Las carencias del presupuesto e insuficiente personal, así como procedimientos rezagados y burocráticos para inscribirse al registro de víctimas y acceder a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, no sólo han contribuido a la mala calidad de atención, sino también a fomentar la discriminación y desigualdades entre las víctimas, ante la imposibilidad de alcanzar a brindar servicios a todas las personas cuyos derechos han sido violentados. Cabe señalar que por años se han ignorado las solicitudes para aumentar el personal de la CEEAVJ, que en 2021 contó con sólo 20 por ciento de la capacidad requerida para responder al contexto de violencia de Jalisco. Además, no ha existido un esfuerzo coordinado de fungir como una institución accesible para las víctimas al no compartir públicamente información oficial sobre sus servicios, no contar con redes sociales o página web actualizadas, ubicarse en instalaciones excluyentes y poco dignas, así como tener escasa presencia en las regiones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Mientras la política de atención a víctimas es prácticamente inexistente, resultan fundamentales las acciones de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil a fin de orientar a las personas afectadas sobre sus derechos y compartirles las herramientas para exigirlos. Uno de estos esfuerzos es el micrositio Tus Derechos, presentado la semana pasada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuyo objetivo es informar de manera detallada y accesible sobre los derechos de víctimas, los procedimientos legales para hacerlos valer y los servicios que deben brindar distintas instituciones estatales. Las víctimas por años han pedido a las autoridades esta información, así como la existencia de un Sistema Estatal de Atención a Víctimas que realmente atienda sus necesidades.

Ante la actual crisis de violencia y su aumento en este año, la atención a víctimas debe convertirse en un tema central y reflejarse en el compromiso de las autoridades para hacer efectivos sus derechos. Uno de los primeros pasos debe ser la revisión de la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas que ha quedado rezagada desde octubre de 2019, por lo que deberán retomarse los avances logrados por las víctimas y generar un proceso participativo donde sean escuchadas. Sin sus voces y experiencias no será posible contar con un Sistema de Atención a Víctimas funcional y sus derechos quedarán existiendo sólo en el papel.

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