Guarder�a ABC y la impunidad criminal

Dentro de todas las tragedias que ensangrentaron al país durante el sexenio de Felipe Calderón, el incendio de la guardería ABC (2009) en la que perdieron la vida 49 niños y niñas menores de 5 años y resultaron más de 70 infantes heridos, mostró las consecuencias de vivir bajo un régimen corrupto que permitía a familiares de funcionarios y gobernantes lucrar a costa de los servicios públicos que debía otorgar el Estado y que eran concesionados sin control alguno a empresas de carácter privado.

Las recientes declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, reabren el debate sobre el acceso a la verdad y la falta de justicia para las familias. El ministro señaló que hubo una acción deliberada por parte de la Presidencia “operación desde el Estado” para proteger a los verdaderos responsables ya que se trataba de familiares de Margarita Zavala. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los dueños de la estancia no cumplieron con los requisitos para la subrogación de servicios y aun así se les concedió un permiso por cinco años (mayo 2001) y en 2007 otro a vencer hasta finales de 2009.

Recordemos que la SCJN atrajo la investigación del caso y aunque el ministro Zaldívar presentó argumentos señalando que habría violaciones graves de garantías individuales como afectaciones a la vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad, solo los ministros Silva Meza y Olga Sánchez Cordero respaldaron su propuesta y su proyecto quedó registrado en voto de minoría (junio 2010).

Aunque Margarita Zavala salió de inmediato a decir que el ministro mentía y que no hubo tal protección hacia su familia, el hecho es que la investigación sobre lo sucedido en la Guardería ABC de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se enfocó a culpar a las trabajadoras por los delitos de homicidio y lesiones culposas, en el proceso se giraron ordenes de aprehensión en contra de maestras, cocineras, personal de intendencia o enfermeras, pero no se sancionó (hasta ahora) ni a los dueños de la guardería ni a quienes otorgaron la concesión a particulares para el servicio que debiera ser público y estar a cargo de la seguridad social.

La corrupción derivó en criminal impunidad; la guardería tenía sobrecupo pues se admitieron más niños que las capacidades declaradas –entre más usuarios mayor el pago que recibían por los servicios–, la instalación carecía de medidas de protección ante riesgos como extintores suficientes; el techo estaba recubierto de material altamente inflamable; no funcionaban salidas de emergencia y las puertas solo se abrían hacia dentro. Una revisión a las instalaciones hubiera sido suficiente para no otorgar la concesión o no renovarla, pero eso no sucedió, sin las condiciones mínimas de seguridad la guardería continuaba funcionando.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en julio de 2020 el caso de los 49 niños y niñas que murieron en el incendio (Informe No. 185/20. Petición 1459-14), describe los argumentos de los peticionarios (familiares) y la respuesta que dio en su momento el Estado para desestimar la solicitud señaló que “los hechos expuestos en la petición no caracterizan violaciones a los derechos humanos” (…) y que “han cumplido con su obligación de investigar diligentemente los hechos denunciados y puesto a disposición de las víctimas reparaciones acordes con los estándares interamericanos”.

Mientras prevalezca la impunidad no podrá hacerse justicia para las familias, los responsables deben ser sancionados, la sociedad tiene el derecho de conocer la verdad.

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