Simulaci�n y complicidad

2022-06-12 06:00:00

“No vamos a parar hasta que se haga justicia”. Esa fue la promesa realizada por el gobernador del estado después de los hechos del 5 de junio de 2020 donde aproximadamente 80 personas fueron víctimas de tortura y desaparición forzada cuando intentaban manifestarse y exigir justicia por Giovanni López y por las 28 personas que habían sido detenidas durante la protesta realizada el día anterior.

Por buscar la justicia por otras personas les tocó enfrentar el mismo sistema viciado que más que esclarecer lo acontecido, les ha revictimizado y hostigado. Las violaciones graves a los derechos humanos que sufrieron nunca fueron oficialmente reconocidas y quedaron minimizadas al emprender los procesos de justicia por el delito de “abuso de autoridad”. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abonó a esta postura de reducir la relevancia e impacto de los hechos, señalando en su Recomendación 82/2021 que el 5 de junio de 2020 tuvieron lugar “detenciones arbitrarias”.

Cabe resaltar que este caso fue compartido ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada durante su visita a México, y el mismo recalcó que para que los hechos se consideraran como desaparición forzada no importa la duración de la privación de la libertad. Aun la liberación pronta no borra los impactos, la desprotección y la vulneración de derechos que se dieron en el momento.

Además, tanto a nivel local como nacional las víctimas fueron completamente excluidas de los procesos de justicia, y se les negaron sus derechos a participar y ser reparadas de forma integral. La respuesta institucional evidenció la apuesta por el olvido, ocultamiento y por frenar su lucha. El sistema les falló y simuló el acceso a la justicia, como también fueron una simulación las después convocadas mesas de trabajo y foros de Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial.

Hace dos años el Ejecutivo no asumió la responsabilidad por lo ocurrido y decidió lavarse las manos al afirmar que la Fiscalía del Estado estaba infiltrada por el crimen organizado. A pesar de la gravedad de estas declaraciones que se traducen en el reconocimiento oficial del descontrol de procuración de justicia y, por ende, la inexistencia del estado de derecho, a la fecha se desconocen las acciones llevadas a cabo para investigar estas afirmaciones.

Los hechos develaron la ausencia de equilibrios entre distintos poderes en el estado y que en el actual contexto político no se permite a las instituciones autónomas actuar de forma independiente, puesto que las mismas se prestan a ser herramientas de los juegos y negociaciones políticas. La fiscalía anticorrupción fue sometida a las presiones políticas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco demostró su postura cercana al Ejecutivo, opaca y distante de su mandato de protección de los derechos humanos, y la actuación de la CNDH fue pasiva, sin que realmente se aprovechara la oportunidad que representaba este caso para generar un mecanismo sólido de presión política y constituir un contrapeso frente a la simulación de las autoridades de Jalisco. Una de las muestras de ello es que casi dos años después el titular de la Fiscalía seguía desempeñando su función.

Incluso, desde el Poder Judicial se ha evidenciado su accionar en respuesta a los intereses de los gobiernos en turno. El juez a cargo del caso es el mismo quien también ha figurado en otros casos mediáticos y politizados, como el caso de la agente del Ministerio Público Nancy Gómez Figueroa o el caso donde se vinculó a proceso a una funcionaria por los hechos de las cajas refrigerantes de los tráileres con cuerpos.

Al privilegiar la simulación y la negación de la realidad, las autoridades y los organismos públicos de derechos humanos con plena complicidad han ofendido a las víctimas, estando lejos de respetar sus derechos y la dignidad humana. No se puede hablar de la justicia y no repetición cuando los hechos de tanta gravedad, sistematicidad y trascendencia social se reducen a episodios de injusticia donde sus víctimas quedan invisibilizadas.  

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