Congreso a�n no es notificado de suspensi�n de convocatoria del Itei

Luego de que un juzgado federal resolvió a favor de Natalia Mendoza Servín para suspender aspectos de la convocatoria de elección de la presidente del Instituto de Transparencia, información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itei), la diputada Mara Robles Villaseñor, de Hagamos celebró la decisión judicial; sin embargo, José María Martínez Martínez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el Congreso no ha sido notificado.

En el juicio de amparo indirecto 1215/2022 del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en Jalisco, la autoridad concede una suspensión condicional de los actos de autoridad hasta que se realice la audiencia incidental el próximo 1 de agosto.

El acto reclamado es la ilegalidad e inconstitucionalidad de la segunda convocatoria, por contener parámetros de evaluación contrarios a los establecidos en la Ley de Transparencia.

También se reclama que no expresa claramente cómo garantizar el derecho adquirido por Mendoza Servín al haber sido la única en aprobar el examen de la primera convocatoria.

La suspensión provisional afecta la base séptima del procedimiento de elección, que se refiere a la aprobación de la lista de candidatas elegibles por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, que la asamblea apruebe esa lista y que elija a quienes deban cubrir las vacantes señaladas en la convocatoria.

Martínez Martínez anticipó que ante la negativa del Consejo Consultivo del Itei de participar en el proceso, el Congreso del Estado asumirá el control del proceso, según la ley.

El equipo de Morena estaba al pendiente de la notificación en la oficialía de partes, pues consideraba que al no haber sido notificados no había impedimento para seguir con el proceso de selección.

Robles Villaseñor consideró que es un mensaje de que el poder judicial está atendiendo un reclamo legítimo y que el Congreso tendría que hacer lo propio. Agregó que no se trata de un movimiento de un grupo de interés, sino de una petición legítima de universidades y organizaciones civiles, así como el Consejo Consultivo, de garantizar un procedimiento de nombramiento apegado a la ley.

EH