Capacidad e idoneidad para dirigir la CEDHJ

Al buen entendedor, pocas palabras, dice la sabiduría popular. En el caso de las designaciones públicas, es decir, aquellas que le corresponde realizar al Congreso de Jalisco, por tratarse de cargos que no son de elección popular, si quienes nos representan tuvieran buen entendimiento (y buena voluntad), su trabajo se limitaría a elegir a la persona más capaz e idónea para cada puesto. 

Esto lo planteo porque el Congreso aún no ha resuelto lo referente a la designación de la nueva titular del Instituto de Transparencia (Itei) y ya está lidiando con el proceso para designar a la persona que presidirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por los próximos cinco años. 

En el caso de la CEDHJ, la ley especifica que la capacidad para tener ese puesto se puede determinar sabiendo si la persona tiene conocimientos suficientes en materia de derechos humanos y del sistema jurídico normativo vigente en el estado de Jalisco. Y la idoneidad se establece si goza de buena reputación entre la ciudadanía por su reconocida probidad, honestidad y capacidad. 

Contar con una buena reputación debería ser fundamental en el perfil de una persona que aspira a este puesto, aunque en los hechos no ocurre así. Originalmente, ese puesto era para personas con una calidad moral tan alta y reconocida, que nadie podía negarse a atender sus recomendaciones, porque quien lo hiciera se pondría en evidencia como una persona sin criterio y en la que no se podía confiar, y esto es así, porque la defensa de los derechos humanos implica tener muy claro lo que implica respetar la dignidad humana de las personas. 

Desafortunadamente, personas así son escasas, pero se les puede encontrar, y por eso era importante que participaran las organizaciones ciudadanas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en el proceso de designación, porque son quienes tiene claro qué tipo de persona necesitan al frente de un organismo como la CEDHJ. 

El problema es que el Congreso de Jalisco, en vez de actuar como el parlamento abierto que presume ser, invitando a personas que han padecido las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, y a integrantes de la academia que han estudiado esos temas, para que les ayudaran a diseñar un procedimiento adecuado, optaron por organizar una pasarela carente de rigor, que al parecer solo es un trámite a cumplir, para después proceder a la designación de la persona que probablemente ya fue seleccionada por quienes mandan ahí, y cuyo compromiso con la defensa del pueblo de Jalisco pudiera resultar dudoso. 

En ese sentido es preocupante que en la actual lista de aspirantes se encuentre un varón, que trabaja actualmente en la CEDHJ, que está acusado de acoso laboral. Si alguien con un perfil así llegara a la titularidad, podemos apostar a que no podremos contar con una protección institucional de nuestra dignidad y nuestros derechos. 

Y es preocupante que en una entidad que tiene el índice más alto en materia de desaparición de personas, el mayor número de fosas clandestinas localizadas, en la que la Fiscalía está infiltrada por la delincuencia organizada, en la que hay abusos de autoridad, y la calidad de servicios públicos tan esenciales como el agua y el transporte es bajísima, en el Congreso no se vea un compromiso serio por atender esta situación. 

Finalmente, creo que este proceso de designación, sea cual sea el resultado, debería llevarnos a preguntarnos por qué es tan elevado el número de violaciones a nuestros derechos humanos, es decir, por qué nuestras autoridades no parecen interesarse en crear condiciones de respeto a nuestra dignidad. 

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