Quinto Patio

Una masacre tras otra. Los vecinos de la colonia La Cofradía ya llevan dos al hilo en una semana, con la de cuatro personas asesinadas abandonadas en un baldío el martes de la semana pasada y seis acribilladas a tiros en un anexo el domingo por la noche, en lo que fue un centro de rehabilitación de adicciones.

Esa zona de Tlaquepaque limítrofe con El Salto y con Tonalá ha sido escenario de abandono de cadáveres desde hace años, con sus calles de terracería poco transitadas y sin iluminación que permiten a los criminales operar en la nocturnidad. En el centro de rehabilitación llegaron a lo que iban, rafaguearon a las víctimas y escaparon. Un comando armado que tranquilamente mató a cuantas personas quiso, sin temor a las consecuencias. Una tremenda mortificación fue lo que sintieron las familias de los internos que lograron escapar, pues no sabían de ellos.

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Centros de rehabilitación operan en la ilegalidad, sin regulación, como refugio de quienes andan a salto de mata en el mercado de las drogas o se reclutan miembros para el hampa. En 2016 las autoridades clausuraron algunos en el área metropolitana y en 2018 un comando armado liberó a internos de un centro en Tonalá. Y, ahora, en 2022, Tlaquepaque reporta que el centro que escenificó el multihomicidio era irregular; era clandestino, pues.

Dichos centros son “un punto ciego” para el gobierno estatal porque no los regula ni garantiza que ofrezcan servicios básicos a sus internos, como seguridad, alimentación y revisiones médicas, advierte Alfonso Partida Caballero, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG. Y Pedro Briones Casillas, del Consejo Estatal contra las Adicciones, informa que en 2021 empezaron un censo que suma 390 centros regularizados o en proceso de serlo, a los que pondera porque, dice, por un caso no se puede descalificar al resto. ¿Cuántos siguen en la ilegalidad?

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Solo a gritos hacen caso. El colectivo Luz de Esperanza tuvo que manifestarse nuevamente ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para que los recibieran y pudieran revisar avances en las investigaciones. La no sorpresa (subrayado no) fue que no encontraron avance alguno, por eso lunes a lunes se movilizarán para presionar a esta dependencia.

De paso, confirmaron que la Comisión de Búsqueda sigue haciendo como que la virgen le habla y no quiere buscar a los desaparecidos, al menos de este colectivo; ¿será que tiene línea de arriba? Quiere que consigan permisos con cuanta dependencia se le ocurre a Víctor Ávila, nuevo encargado de despacho, todo para hacer laaaaargo y bu-ro-crá-ti-co el proceso. Mientras tanto siguen desapareciendo personas diariamente.

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El caso de Luz Raquel Padilla González corre el riesgo de minimizarse y quitarse la categoría de feminicidio por parte de las autoridades estatales. Desde el gobierno estatal se mueven hilos para señalar que este caso nada tiene que ver con responsabilidades del orden de políticas públicas, capacitaciones o decisiones de funcionarios, sino que se trata de gente mala, mala, a la que no se le puede detener.

Aquí es donde las feministas que ocupan cargos públicos debieran levantar la voz, demostrar que el tema les importa, que no se trata sólo de buscar reflectores y sí de encontrar las dolencias para corregirlas y no para taparlas. Todas las acciones emprendidas sirven de poco o nada, porque no hay coordinación y se siguen cometiendo los mismos errores y deficiencias.

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Con cuatro meses de retraso, apenas ayer se entregaron en Guadalajara los reconocimientos Irene García Robledo 2022 a tres mujeres destacadas en sus profesiones. No se le dio prioridad. O sea…

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¿Cuántos tomarían en serio al ave de tempestades, el diputado Gerardo Fernández Noroña en su visita a Jalisco?

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