Abandono gubernamental de la salud de los mexicanos

Hace unos días nos enteramos de que en el primer semestre del año el gobierno federal aplicó un recorte al gasto destinado a los servicios de salud para las y los mexicanos. La reducción, de 19.3 por ciento respecto al gasto programado para ese periodo, en dinero corresponde a 16 mil 46 millones de pesos (mdp). 

Pero también conocimos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, del 88 por ciento de las y los mexicanos que buscaron atención para sus problemas y necesidades en salud, 87 por ciento recibió atención ese año. De esas personas poco más de 60 por ciento fue atendida por el sector privado (con el costo que implican dichos servicios, las medicinas y otros insumos) y sólo poco menos de 40 por ciento fue atendida en instituciones públicas de salud.

Con estos datos, nos queda claro que el gobierno federal, a pesar del discurso del presidente de que tendremos servicios públicos de salud como los de Dinamarca y que no faltarán los médicos y las medicinas, no está cumpliendo cabalmente su obligación constitucional de proteger la salud de las y los mexicanos.

Si esto sucede pese a la significativa infraestructura que tiene el país para los servicios de salud física, qué podremos decir sobre los servicios públicos de salud mental, que son verdaderamente insuficientes, de baja calidad, excluyentes y algunos de ellos con una cuestionable congruencia ética.

Menciono esto porque los problemas de salud mental de los mexicanos, por la pandemia, por los crecientes problemas económicos de la mayoría de la población y por la brutal violencia que están sufriendo millones de mexicanos, prácticamente están abandonados.

Para ello dos ejemplos. Uno es la reforma a la ley general de salud en materia de salud mental y adicciones, la cual requiere recursos económicos para su implementación, pero a la que se le niega dinero extra en el presente y en los subsiguientes ejercicios presupuestales. 

El otro es el abandono en que se tiene los servicios para personas con adicciones, dejando su atención casi exclusivamente a particulares, muchos con cuestionable capacitación profesional. Ello propicia que se genere un buen negocio con los anexos y albergues, y que en éstos la “rehabilitación” sea en muchos casos violenta y denigrante.

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