Ataques al derecho a protestar

Normalizar lo anormal es central en el discurso político de malos gobernantes. Para éstos, normalizar es convencer a los gobernados de que “vamos bien”, aunque las evidencias digan lo contrario. Normalizar desde el poder puede implicar descalificar, directa o indirectamente, a quienes desafíen la visión desfigurada o idealizada de la realidad social. Normalizar políticamente muchas ocasiones es minimizar las protestas de los afectados ante una pésima decisión gubernamental o de los grupos de poder. Normalizar es únicamente destacar lo que a los ojos de cualquier autoridad es casi perfecto en su administración. Normalizar lo socialmente anormal es controlar. La normalización de graves problemas y omisiones es parte fundamental de la ideología dominante.

Desde una perspectiva de derechos humanos, en Jalisco y el resto del país no es normal el creciente aumento de las personas que son desaparecidas. Es totalmente anormal que sigan los crímenes de odio contra las mujeres, sin acciones que los detengan: es anormal que los intereses de grupos inmobiliarios atenten contra la naturaleza; que por la prisión preventiva oficiosa pasen años encarceladas y sin sentencia personas inocentes; que los poderes Legislativo y Judicial estén subordinados al Ejecutivo; que se atente contra el derecho a la información; que miles de jóvenes no tengan acceso las universidades públicas; que la impunidad proteja a los autores de atroces asesinatos; que se condene a padecer la marginación a millones de mexicanos… Es larga la lista de anormalidades que dominan el escenario político jalisciense y del país, y a las que no hay por qué adaptarse.

Contra esa normalización que atenta contra derechos de personas o comunidades trabajan periodistas y medios informativos críticos; defensores del medio ambiente y de los derechos humanos; empleados y funcionarios públicos honestos y eficientes, entre otros. Desnormalizar es apostarle a la paz, a la justicia, a los valores democráticos, al combate a la impunidad y la pobreza.

Una de las formas para normalizar lo anormal es invisibilizar graves problemas. Consiste en ocultarlos por las razones que sean. Como está sucediendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara con los feminicidios y con los desaparecidos. Si colectivas instalan frente a palacio de gobierno un letrero con grandes letras que reza “México feminicida”, la Policía Estatal lo retira; si en postes las familias colocan fichas con la información de los desaparecidos, también policías estatales las arrancan con el falso argumento de que es “propaganda”. Por encima del sufrimiento y los derechos de miles de familias, se evita que los jaliscienses, los turistas, se enteren o solidaricen. Interesan más la “imagen”, la infraestructura urbana o “las buenas conciencias” que se molestan, que las vidas de mujeres y de a quienes les arrebataron su futuro. Se trata de acciones de gobierno insensibles y autoritarias que fomentan la anestesia social al tratar de impedir que la población conozca cómo el sistema político actual no garantiza derechos.

Quitar las fichas y el letrero es, también, otra forma de violencia simbólica. El metamensaje es: nosotros somos la autoridad, mandamos; ustedes obedezcan, sométanse. Los derechos a protestar o a expresarse, a externar su indignación, a exigir que las autoridades den resultados son cercenados. En lugar de dialogar, llegar a acuerdos y apoyar esas manifestaciones, de abrirles espacio, se les condena, atropella y desaparece a las víctimas.

En el espacio público se confrontan las visiones de lo normal y lo anormal, donde la pregunta fundamental es ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica que sea de tal o cual manera? Ejercer la mirada crítica es un derecho inalienable que contribuye a desmontar discursos y acciones desde cualquier poder autoritario.

Twitter: @SergioRenedDios

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