SEJ indagar� acusaciones contra director de Conalep

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) indagará acusaciones de presuntos actos de corrupción por parte del director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Jalisco, Braulio Guadalupe Vázquez Martínez.

El subsecretario de Educación Media Superior de la SEJ, Alejandro Luthe Ríos, aseguró que dará indicaciones para investigar presuntas responsabilidades por contratos irregulares por casi 2 millones de pesos y algunos cobros a estudiantes supuestamente promovidos por el directivo.

Documentos de Conalep indican que una serie de contratos a favor de personas ligadas a Vázquez Martínez se firmaron este año. Los montos van de los 248 mil pesos a 1 millón 943 mil pesos.

Además, se dieron a conocer oficios en los que Vázquez Martínez ordenó supuestamente, en agosto pasado, que los servicios de togas y fotografías se concedieran únicamente a una empresa y que se instalaran máquinas expendedoras de refrescos en planteles, lo que viola contratos de prestación de servicios de los planteles.

También se denunció que implementó un esquema de una rifa para liberar el servicio social y prácticas profesionales de estudiantes. Éstos tenían que vender boletos sin que hubiera permiso federal para el ejercicio; además, no se transparentó el destino de los recursos.

Luthe Ríos admitió que en 2021 hubo señalamientos similares en contra de Vázquez Martínez por actos de corrupción cometidos en 2021, pero los que ahora se le atribuyen no han sido formalmente denunciados ante la SEJ.

“Me encargaré de pedirle nuevamente al Órgano Interno de Control (OIC) que revise exactamente este tema que estás haciendo de conocimiento para que deslinde las responsabilidades”, comentó.

El funcionario aclaró que, tras las investigaciones realizadas por presuntas irregularidades cometidas en 2021, el OIC no encontró responsabilidades administrativas del directivo. Especificó que el propio titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, instruyó investigar el caso hace meses a raíz de las acusaciones, difundidas en redes sociales.

Luthe Ríos añadió que los señalamientos ya investigados por el OIC se basaban en publicaciones de redes sociales y que no tenían fundamento.

“No se encontró, según refiere el OIC, ningún elemento probatorio de alguno de estos señalamientos que daban las redes sociales sin mayor profundidad, por lo cual se determinó el archivo de la causa como un asunto concluido, es decir, no hubo ningún aspecto que este órgano dependiente de la Contraloría pudiera haber encontrado (algún) indicio de algún tipo de mal comportamiento”.

Finalmente, estableció que toda contratación que se hace en el sector público se documenta y se transparenta por obligación.

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