En tránsito por la ruta Guadalajara a Puebla me tocó leer un mensaje que conlleva mucho dolor, colocado en fotocopias dentro del sanitario de mujeres de una de las casetas de cobro de Jalisco rumbo a Michoacán: “en nombre de nuestra madre María te pido si sabes de alguna fosa llama por piedad… somos muchas madres muertas en vida” y se acompañaban los números de celular para comunicarse.
Unas horas más adelante, involuntariamente fui parte de las personas afectadas por el bloqueo de la autopista Arco Norte realizado por familiares de nueve vecinos de una comunidad de Hidalgo que reclamaban acciones para su localización, habrían sido desaparecidos en Jalisco desde hacía algunos días y, según sus denuncias, la Comisión Estatal de búsqueda de nuestro Estado nunca emitió ni las fichas de búsqueda correspondiente. El bloqueo de la autopista por más de seis horas y el caos de movilidad que produjo, buscaba forzar a las autoridades a dar respuesta a sus reclamos de buscarles.
Estas terribles escenas son una muestra de lo que se vive en el estado de Jalisco y que los colectivos de búsqueda y familiares de personas desparecidas han denunciado una y otra vez, que enfrentan numerosos obstáculos para la investigación, búsqueda, que falta atención con enfoque humanitario y una respuesta rápida y oportuna ante las recientes desapariciones, así como acciones contundentes con base en un plan para investigar las desapariciones que son de larga data.
Es necesario insistir que Jalisco es la entidad que a la fecha acumula la mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas en el país y que de acuerdo al Registro Nacional serían más de 15 mil, de ese registro histórico más de la mitad de los casos de personas desaparecidas y no localizadas habrían ocurrido durante los años que lleva la actual administración del gobierno del estado. Otro dato en el que destaca Jalisco respecto a la situación nacional es en el índice de letalidad; las personas desaparecidas localizadas sin vida en el país son 6.89 por ciento del total de localizaciones, mientras que en Jalisco constituyen 14.96 por ciento del total de personas localizadas, más del doble de la media nacional. En este año 2022 en promedio se ha detectado una fosa clandestina por semana en nuestra entidad.
El trabajo de los colectivos ha sido fundamental para comprender que la problemática persiste, han señalado que por cada una de las desapariciones de las que hay reporte o carpeta de investigación pudiera haber dos más, que no hay una estimación por parte de la autoridad de la cifra negra (no denunciada) de las desapariciones y que las personas no se acercan a las instancias institucionales por desconfianza hacia la autoridad o por amenazas. El temor tiene fundamento, en el país durante este año 2022 se han asesinado a cinco madres buscadoras.
Los colectivos de búsqueda de Jalisco (más de 20 en la actualidad) también han llamado la atención respecto a la falta de personal especializado para fortalecer el trabajo de la Comisión de Búsqueda y que en la Fiscalía se acumulan las carpetas de investigación pues la dimensión de la problemática rebasa los esfuerzos que pudiera hacer el personal.
Existen numerosas voces que han denunciado el grave problema de inseguridad y de violación de derechos que constituye la desaparición de personas, desde familiares, colectivos, academia, asociaciones civiles, observatorios hasta instancias internacionales, es más que urgente atenderlas y exigir que las autoridades locales implementen en colaboración con la Federación un plan integral para Jalisco que se oriente a búsqueda, investigación y prevención.
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