Larga lista de explicaciones que debe Siapa

Si algo ha caracterizado a la actual administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es su rechazo a tener comunicación con los usuarios. En cada una de las crisis que se han presentado, y vaya que han sido muchas, el director del organismo, Carlos Enrique Torres Lugo, ha preferido esconderse.

Lo hizo cuando un error en la planeación del abasto dejó a un sector importante del Área Metropolitana de Guadalajara sin agua; cuando de la mano de la Jefatura de Gabinete estatal culparon a productores de la Ciénega de robarse el agua para luego darse cuenta que tenían concesiones en regla, y también ante las constantes denuncias de agua café saliendo de las llaves en las casas. Y no ha sido diferente con los habitantes de las colonias aledañas al Parque San Rafael.

El conflicto por la construcción de un vaso regulador al interior del parque comenzó desde 2017 y se ha acentuado con la negativa del funcionario a proporcionar información y a tomar en cuenta a quienes viven en la zona y que se verán directamente afectados por las obras.

El colectivo Vecinos Unidos de Jardines de la Paz y colonias Aledañas ha denunciado la tala de un importante número de árboles, las excavaciones profundas en el parque afectando los cauces subterráneos y la colocación de cemento para el vaso regulador, lo que frenaría la infiltración natural.

Sus acciones no se han limitado a hacer públicos estos hechos. También se han movilizado y han presentado acciones legales que han avanzado e incluso se les han otorgado suspensiones contra las obras. Nada ha servido para que las autoridades del Siapa dejen su escritorio y acudan a la zona a hablar con los vecinos.

El colmo fue lo sucedido en los últimos días, cuando las obras debían empezar fuera del parque para la construcción del colector. Con un despliegue de seguridad que miles de ciudadanos víctimas de la violencia y la delincuencia desearían, las autoridades llegaron a la calle Mariano Azuela y cerraron la vialidad, dejando apenas un pequeño pasillo para que los habitantes puedan llegar o salir de sus viviendas. Se colocaron vallas y se dejó un número exagerado de policías vigilando la obra.

Según las autoridades, esta etapa de la colocación del colector ya había sido “socializada”. La inconformidad de los vecinos demuestra que no fue así. Además, desde el fin de semana algunos comenzaron a vivir la pesadilla de observar cómo se forman grietas en sus muros, huecos entre los escalones que llevan a segundas plantas y, sobre todo, la limitación para ingresar vehículos a sus cocheras o para que personas con dificultades de movilidad puedan caminar por el estrecho pasillo donde sería imposible que pase una silla de ruedas.

Lo que se conoce de las obras que construye el Siapa es que forman parte del programa de infraestructura para mitigar las inundaciones. Los vecinos aseguran que la zona no se inunda y que en realidad se trata de la infraestructura hidráulica que dará viabilidad a los edificios de departamentos que Grupo San Carlos construye a unos metros de distancia.

El director del Siapa no ha sido capaz de dar una explicación convincente, que solo se lograría si transparenta todos los documentos de respaldo de las obras.

El papel que el Siapa ha jugado en el desarrollo inmobiliario vertical ha sido definitivo. Sin que la infraestructura de la ciudad crezca, ha expedido factibilidades, que es la confirmación de que podrán conectarse a la red de agua y drenaje, a diestra y siniestra. Por eso, Carlos Torres Lugo les debe muchas explicaciones a los habitantes de Jardines de la Paz y, en general, a la ciudad.

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