La expresión “empleados quitapón” quizás pueda sonar ofensiva, pero se parece a la realidad que viven los empleados supernumerarios, porque ninguno tiene asegurada su estadía por toda la legislatura y podrían estar en la incertidumbre.
Los diputados locales tienen la facultad de extender contratos por la temporalidad que deseen, los hay hasta de un mes, y cuando vencen los pueden volver a renovar únicamente dando la indicación a la Secretaría General.
La falta de parámetros para contratar al personal supernumerario, es decir, los empleados temporales que deberían irse cuando sale el diputado, provoca incertidumbre en el contratado y un desorden administrativo que se va acumulando.
Parece injustificable que una persona haya sido contratada bajo determinado puesto ganando 25 mil pesos, y al mes siguiente le bajen la categoría para ganar 8 mil pesos quincenales. Públicamente no hay ninguna justificación ni sabemos el porqué de los cambios porque tampoco están obligados a explicarlo, así que sólo se queda en el registro; y esperamos y suponemos que cuando menos al empleado contratado sí se la darán.
Algunos justifican que a sus empleados los contratan por proyectos, y eso origina que haya constantes cambios dentro de la nómina, y otros señalan que como tienen muchas personas a las cuales cuidar, los van escalonando por meses para irles pagando.
Lo único que quedó demostrado con estas “evidencias” es que nunca será suficiente la bolsa económica que les otorgan a los diputados locales para la contratación de su personal porque siempre señalan que no les alcanza.
Y aquí es donde suena sospechoso que haya saturación laboral porque ésta no se refleja ante la pobreza en el trabajo legislativo que se nota en la poca convocatoria de sesiones de comisión y de pleno, incluso en cuanto a asuntos a tratar porque muchas de las comisiones convocadas son de trámite para garantizar la sesión del mes y no se vota nada.
Lo bueno es que después de mucho tiempo, el Poder Legislativo está dentro de un proceso de reingeniería administrativa, el cual tiene muchas expectativas para que ponga reglas claras para garantizar orden en la nómina en cuanto a salarios impuestos y también de reducción de personal.
Apenas comenzaron a levantarse las voces señalando que es necesario también regular a este tipo de personal, el cual representa 40 por ciento de la nómina. Aquí esperamos que no quede en dichos porque lo mejor es que se traduzca en acciones, y si empezaron a buscar opciones para reducir la nómina del personal de base están obligados a hacer lo mismo con el personal que ellos nombran de manera directa.
Hay voces que defienden esta posibilidad de quitapón porque podría pasar que el empleado no dé los resultados que se esperaba y podrían removerlo con prontitud; sin embargo, si hubiera un proceso claro para llegar al cargo podrían detectarse anticipadamente.
Sabemos que muchos de los que llegan son enviados por otras personas y tienen que aceptar su incorporación, sobre todo en los órganos técnicos de las comisiones que presiden o en las coordinaciones parlamentarias porque se trata de pagar favores políticos.
Si en el Congreso de la Unión no se permite tanto movimiento de personal, algo debería replicarse en el estado y buscar la manera en que el personal de base responda a las necesidades de las oficinas de los diputados, las áreas administrativas o los órganos técnicos sin tener que llamar a personal externo.
En el mejor de los casos deberían contratarse estudios, diagnósticos o encuestas de manera externa que nutra la labor legislativa, y los lleve a una mejor toma de decisiones o crear internamente ese despacho de trabajos especiales, al cual se puede recurrir en vez de contratar personas externas. ¿Qué solución darán para evitar el quitapón?
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