El 6 de diciembre de 2018 había en los diferentes refrigeradores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses un total de 289 cuerpos y restos humanos almacenados. La fecha marcaba el comienzo de la actual administración estatal, mientras que la cifra de cadáveres era el resultado de un trabajo intenso de identificación e inhumaciones, después del escándalo de los llamados tráileres de la muerte.
Jalisco había estado en la mira internacional justo cuando una de las dos cámaras refrigerantes que se habían rentado, ante el exceso de cadáveres, se quedó varada en Tlajomulco de Zúñiga, cuando era trasladada fuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). En los días posteriores se conoció que las cajas habían sido contratadas ante la crisis forense que se enfrentaba, pues llegaron a acumularse alrededor de 800 cuerpos.
Ese parecía el peor momento para Jalisco y por ello se dieron indicaciones para identificar la mayor cantidad de cuerpos posible, entregarlos a sus familias o inhumarlos ya con todos los datos que permitieran su posterior identificación.
Pero con el cambio de administración, la crisis forense no solo regresó, sino que cada vez es peor. El uso de cámaras móviles de refrigeración se normalizó, ya que con el pretexto de la pandemia de Covid-19 se compraron dos cámaras frigoríficas, las cuales costaron 6.7 millones de pesos, para almacenar los cuerpos de quienes murieran a consecuencia del virus. Prácticamente no se requirieron, así que se pidió autorización para dejarlas para el uso cotidiano del Semefo.
¿Cuántos cuerpos hay actualmente almacenados? La cifra exacta no se conoce. En diciembre de 2020 El Diario NTR Guadalajara dio a conocer la existencia de informes internos, que se obtuvieron vía transparencia y que hablaban de casi 3 mil cuerpos y restos humanos en los diferentes espacios de refrigeración.
Ya desde ese momento también se conocía de la incapacidad de IJCF para identificar los restos humanos, especialmente los rescatados de fosas clandestinas. En un oficio enviado por la entonces directora del Semefo, Martha Stephanía Robles Cervantes al titular del IJCF, Gustavo Quezada, el cual NTR obtuvo vía transparencia, la funcionaria señalaba que si no era evidente que se había rebasado la capacidad de resguardo de cuerpos era por “la implementación de la estrategia de resguardar las secciones anatómicas procedentes de esos eventos (fosas) en contenedores especiales dentro de las mismas cámaras refrigerantes, liberando así módulos para los cuerpos de mayor tamaño”. Luego, alertaba que la situación podía salirse de control al “seguir recuperando indicios de los sitios denominados como fosas”.
Y así fue. La crisis forense no se solucionó y, por el contrario, empeora. Hace unas semanas Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, colectivo que mantiene presencia permanente en el Semefo, aseguraba que ellos calculaban que hay unos 6 mil cuerpos almacenados.
El viernes de la semana pasada, el periodista Lauro Rodríguez dio a conocer que el Semefo solo ha entregado ocho cuerpos rescatados de sitios de inhumación clandestina en lo que va de este año, lo que equivale apenas a 3.5 por ciento de los que formalmente han recibido. Además, ayer reveló que de más de 11 por ciento de los cadáveres ni siquiera se conoce el sexo.
Estamos ya en la cuenta regresiva para el gobierno de Enrique Alfaro y la crisis forense nunca ha aparecido en sus preocupaciones, a pesar que ayudaría a atenuar la tragedia que viven miles de familias que buscan a sus seres queridos. Y parece que no habrá cambios, pues a diferencia del escándalo de los tráileres, a la actual administración el tema parece no importarle.
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JB
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