Bloqueo

Ocho años. Durante ocho años el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado para revisar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, trabajó para poder dar respuestas, primero, a las familias de los estudiantes, y después a todos, como parte de una sociedad que busca como fin la verdad sobre lo que ocurrió.

En estos años los expertos entregaron seis informes en los que iban dando cuenta de las investigaciones hechas y los hallazgos, pero también de observaciones sobre los baches, las inconsistencias, las resistencias, los ocultamientos.

Esta semana entregaron el sexto y último informe. Su trabajo está terminado. Pero al revisar el documento o simplemente hacer un paseo hemerográfico sabemos que ello está muy alejado de la realidad, porque si bien hubo cierta voluntad de las autoridades, durante estos años, a cooperar y dar información con el fin de desenmarañar el caso Ayotzinapa, llegaron a un punto en el que simplemente no se pudo avanzar.

El informe, que lleva por título Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes, presentado el 25 de julio, señala que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para esclarecer la desaparición forzada de los 43.

También concluye que el gobierno mexicano ha violado los derechos humanos de los familiares de los estudiantes al negarles información, al no protegerlos de las amenazas y al no brindarles un acceso efectivo a la justicia.

El GIEI concluyó este último trabajo con un llamado al gobierno, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para que tome medidas urgentes para esclarecer la desaparición de los normalistas y repare los daños causados a sus familiares.

También es de destacar que, a lo largo de estos años, varios de los especialistas dejaron el GIEI (este último documento sólo lo firman Ángela María Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain).

Una y otra vez, cuando se presentaba un nuevo informe, cuando se daba una nueva rueda de prensa, hablaban de las omisiones, la negligencia, el ocultamiento de las autoridades. Ellos mismos, por más voluntad que hubiera de personas muy específicas, se enfrentaban a estas circunstancias, lo que de algún modo se ve reflejado por Beristain el 25 de julio, frente a la prensa, quien destacó “(las formas de) implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”.

Los especialistas, en las recomendaciones vertidas en el sexto informe, dejan constancia de que todo aquello con lo que se encontró el GIEI desde su llegada a México, en 2015, respecto a las investigaciones sobre Ayotzinapa “se convierten en factores de impunidad cíclicos e imposibles de modificar en sus efectos nocivos, ante la utilización de métodos como la tortura, la falsificación, la obstrucción, y la negativa de información, que hacen que la justicia jamás pueda ser accesible para las víctimas y para la sociedad”.

Lo repito con toda intención: un sistema hecho para que la justicia jamás sea accesible.

¿Qué amargos sabores deja este trabajo, esta experiencia? ¿Qué podríamos esperar, las víctimas y la sociedad mexicana, de las faltas diarias y los delitos cotidianos si en un caso tan grave, tan conocido, tan mediático y tan debajo de la lupa de expertos, instituciones y organismos no pudo haber una respuesta de las autoridades ni para los estudiantes ni para sus familias ni, incluso, para esos expertos que hicieron todo lo posible por echar luz sobre los hechos?

Los especialistas se van. Hicieron lo que pudieron, lo que se les permitió hacer. Y los normalistas y sus familias, y todos nosotros junto con ellos, nos quedamos en este país donde, nos dicen y lo sabemos, la justicia casi siempre es solo un concepto.

Una palabra.

Twitter: @perlavelasco

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