Videovigilancia del narco

Resulta que hay centros de videovigilancia clandestinos en los municipios de Jalisco, pequeños C4 o centros de comando, control, comunicación y cómputo, operados por delincuentes que vigilan las calles y hacen anotaciones sobre lo que consideran movimientos irregulares en ciertas zonas, como el paso de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional o hasta de la presencia de grupos rivales.

Las autoridades locales, a través de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, confirmaron el hecho con el desmantelamiento de tres centros de videovigilancia del crimen organizado tan sólo en el municipio de Teocaltiche.

Y me atrevo a decir que estos centros de videovigilancia ilegales existen en otros municipios de Jalisco, como ocurre en otros estados, como Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato.

El modus operandi de la instalación de estos centros de videovigilancia ha sido registrado en medios nacionales desde 2015, cuando autoridades de Tamaulipas desmantelaron un centro de videovigilancia de 39 cámaras que se instalaron en postes y que espiaban a civiles y a la policía local.

Esto no es nuevo, está ocurriendo desde 2015, sólo que aquí en Jalisco las autoridades han sido negligentes con la seguridad.

Lo más delicado de la existencia de estos tres centros de videovigilancia clandestinos en Teocaltiche, en un municipio donde las autoridades no tienen un C4, es que los ciudadanos quedan a expensas de los delincuentes.

Una persona desaparece y las imágenes disponibles que permitirían obtener información están en manos de la delincuencia.

Estos centros de videovigilancia ilegales también están en las cabeceras municipales, como da cuenta uno de los comunicados publicados por la Secretaría de Seguridad.

En el informativo fechado este 3 de octubre se describe que oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, realizaban un recorrido por la calle Constitucionalistas, en la colonia Centro.

Es decir, en una ubicación privilegiada. En este sitio se aseguraron nueve pantallas de televisión, cuatro reguladores multicontacto y cuatro antenas de radio.

También las autoridades reportaron que había documentos con anotaciones sobre ingresos y salidas de unidades oficiales al municipio.

Las personas en los municipios no tienen libre tránsito, están secuestradas en sus comunidades; si son amenazadas no pueden huir sin que se les alerte a sus agresores.

Esto es grave y espero que el gobierno de Jalisco tome acciones. Las personas no pueden estar secuestradas en sus comunidades ni vigiladas por delincuentes.

Este 2 de octubre, la autoridad local detalló el desmantelamiento de dos centros de videovigilancia, donde se detuvo a tres jóvenes: Carlos L., de 19 años; Héctor Leonel S., de 28; y Francisco L., de 21.

Ahora, esperamos que las autoridades informen sobre cuántos centros como estos se han desmantelado en el estado y si habrá una estrategia para el combate de estos sitios ilegales en municipios como Tequila, Colotlán o Puerto Vallarta.

La seguridad pública es, según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, “que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo”.

Es decir que no es un tema de la Federación, como lo ha querido hacer ver el actual gobernador de Jalisco, es también una obligación de las entidades federativas y los municipios.

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