Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se le puede evaluar con tres factores: lo que dice, lo que hace y lo que no hace, en varias ocasiones condimentadas con elevadas dosis de ocurrencias y frases socarronas. Por ejemplo, ha dicho que gobernar no tiene chiste o que no tiene mucha ciencia. En otro momento también dijo que prefería que sus funcionarios tuvieran 90 por ciento de honestidad y 10 de experiencia. Con eso en mente, repartió las principales posiciones de gobierno en personas que demostraron no tener ni experiencia ni honestidad. Esto se tradujo en políticas públicas deficientes o desastrosas.
Para muestra, un botón: el desabasto de medicamentos se ha traducido en una serie de intentos fallidos para abastecer los hospitales y centros de salud del país de los fármacos necesarios para cubrir las necesidades de pacientes y derechohabientes. Este problema no es nuevo, pero se ha acentuado sensiblemente en el gobierno de la 4T.
La organización Impunidad Cero publicó el estudio Operación desabasto, donde se traza la ruta seguida por el desabasto. Primero fue la centralización de las compras consolidadas de medicamentos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto motivó la renuncia del senador Germán Martínez como director del IMSS, entidad que realizaba anualmente compras consolidadas de medicamento. La falta de experiencia del personal de la SHCP “provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos”.
Similar a lo ocurrido con el aeropuerto de Texcoco –cancelado por supuestos actos de corrupción (aunque no hubo una sola denuncia)–, AMLO acusó a algunas empresas farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos por aparentes prácticas monopólicas. El gobierno no consideró la logística de distribución (“Cómo la Coca-Cola distribuye ese refresco hasta las comunidades más apartadas. ¿Cómo llegan las Sabritas?”, AMLO dixit): obvio no es lo mismo.
Luego se contrató a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) para que realizara la compra consolidada de medicamentos, pero no su distribución: lo haría Birmex (administrada por el Ejército); sin embargo, la empresa paraestatal no tenías “capacidades, infraestructura, recursos, ni logística para poder proporcionar el servicio de distribución”.
El estudio concluye que el desabasto de medicamentos “fue resultado de una fallida estrategia anticorrupción y de un intento de ahorro en la compra (y que) no sólo no hay ningún funcionario sancionado por un acto de corrupción en la compra de medicamentos, sino que además costará mucho más adquirir y distribuir los medicamentos en el país”.
Por fin, AMLO admitió su incapacidad para resolver el desabasto y, en un momento de inspiración en una conferencia matutina, se le ocurrió que “se tenga una especie de farmacia, aquí en la Ciudad de México, un almacén, con todas, las medicinas del mundo, en cantidades razonables”. Alguno de sus asesores en salud (si es que los tiene) lo habrán convencido de que el problema no es comprar y almacenar los medicamentos, sino su distribución, algo que no ha entendido en lo que va del sexenio.
Ante el fracaso de todos los intentos (incluyendo el malogrado Insabi), por fin se resolvió que IMSS-Bienestar realice las compras consolidadas y, hace apenas unos días, se decidió la contratación de empresas privadas para que realicen las labores de distribución de los medicamentos.
El artículo 4 constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; sin embargo, el gobierno de la 4T no ha logrado cumplir con este precepto básico. Además, hay que sumar los 50.4 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud.
X: @Ismaelortizbarb
jl/I
|