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La contratación de un despacho externo por parte del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, al que se le pagarían 23.2 millones de pesos (mdp) por una defensa legal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), registra diversas irregularidades, coincidieron los académicos Lucía Almaraz Cázares y Rubén Ortega Montes.

En entrevista, coincidieron en que se contrató a un despacho para limpiar errores u omisiones en las obligaciones ante el SAT y se acudió a una defensa privada pese a que el gobierno del estado tiene personal que debería hacerse cargo de ese trabajo. Además, no se justifica la asignación directa.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer este lunes que, ante el temor de que el SAT imponga un crédito fiscal de una cuantía importante al gobierno de Jalisco, se adjudicó de manera directa un contrato de 23.2 mdp al despacho Pérez Reveles Corporativo Jurídico, SC. El gobierno estatal ya hizo al menos dos pagos, cada uno de 3.4 mdp, según cheques publicados en su página web; el primero se cubrió con recursos de deuda pública.

Lucía Almaraz, quien es académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y ex presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), explicó que los créditos que impone el SAT corresponden a obligaciones fiscales que no se cumplieron o multas por no hacerlo. La pregunta obligada, indicó, es por qué hay un incumplimiento y qué funcionario fue el responsable, por lo que se tendría que comenzar un procedimiento interno en su contra.

Otro punto que destacó es que ese error u omisión de un funcionario o funcionarios se pagará con recursos públicos, que surgen de los impuestos que pagamos los ciudadanos, e involucra un monto que no es menor. “Si este despacho va a cobrar 23.2 millones de pesos, de cuánto será el crédito fiscal”.

Consideró además que el argumento de las autoridades para contratar a un despacho especializado “es muy endeble, porque en teoría Jalisco, en su amplia nómina de la administración pública, debe contar con abogados especialistas en materia fiscal, tanto en el plano estatal como federal”, en la Secretaría de la Hacienda Pública y la Procuraduría Fiscal. Si no es así, quiere decir que el personal que hay en estas áreas no es el idóneo.

Lucía Almaraz precisó que tampoco se justifica que el contrato se haya adjudicado de manera directa, pues hay otros despachos especializados que podrían argumentar tener la capacidad para llevar la defensa.

Finalmente, destacó la falta de transparencia en este caso, pues el gobierno del estado no ha informado nada de este problema que enfrenta.

NO HAY RAZÓN

Por su parte, Rubén Ortega, profesor del Departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega (CUCIénega) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el pago a un despacho externo por un monto tan alto no se justifica por el simple temor de que se aplique alguna sanción fiscal.

Explicó que las sanciones del SAT son por incumplimiento de obligaciones, por ocultamiento o porque se hace mal uso de los instrumentos fiscales, como podría ser el destino de recursos públicos federales hacia rubros que no están autorizados.

Ortega Montes consideró que el temor de las autoridades podría estar motivado por el hecho de que cuando hay incumplimiento de obligaciones fiscales se sanciona por dos vías: las multas y la penal.

Ante la falta de datos en este caso, llamó a que el gobierno del estado informe a los ciudadanos cuáles son los señalamientos que ha hecho el SAT y por qué se tuvo que contratar a un despacho jurídico para la defensa legal, más cuando “la Secretaría de Hacienda debería tener a los especialistas, a los profesionales que nos llevaran por buen camino en las finanzas”.

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