Los debates entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, y a la gubernatura de Jalisco, han sobresalido más por los ataques que por las propuestas. En el tema que más preocupa a las familias, como es la inseguridad, las alternativas que escuchamos son escasas, generales, desarticuladas, sin precisar sus fundamentos; eso, sin analizar críticamente su viabilidad y pertinencia. Porque, incluso, hay quienes sugieren aplicar fórmulas que han fracasado.
En un asunto tan delicado, complejo, que repercute en cualquier esfera, la seguridad pública requiere la participación mayoritaria de los mexicanos y, en el caso de nuestra entidad, de los jaliscienses. Es una problemática que exige sumar, sumar y sumar. Entre más involucrados, mejor. En esa suma es necesario que los candidatos escuchen a víctimas, especialistas, jueces, periodistas, instituciones defensoras de derechos humanos, empresarios, policías y, en general, a quienes puedan aportar alternativas concretas, además de que retomen buenas prácticas nacionales e internacionales. En ese contexto, la participación de las universidades es relevante y necesaria.
Por ejemplo, para el tema de seguridad y justicia en la entidad, especialistas del ITESO plantean cuatro propuestas generales “mínimas” a quienes triunfen en las próximas elecciones: 1. Mejorar condiciones para las policías locales; 2. Generar el mapa de riesgos y amenazas para Jalisco y visibilizar la creación de una política criminal estratégica estatal; 3. Garantizar la protección de testigos, y 4. Desarrollar controles democráticos en materia seguridad. Cada una la detallan en la Agenda para la gestión pública y legislativa de Jalisco 2024-2030, dada a conocer el 2 de abril.
Se trata de un documento que analiza 15 problemas de interés ciudadano, que se desglosan en 163 propuestas para la solución y mejora en cada área. Lo elaboraron 142 académicos de la casa de estudios, “con reconocida trayectoria en la investigación social; con propuestas dirigidas a quienes ocuparán espacios de autoridad en los gobiernos estatales y municipales, así como a quienes integren el Poder Legislativo de Jalisco por los próximos tres y seis años, según el cargo”, como señaló el rector Alexander Zatyrka Pacheco, SJ.
El tema de seguridad y justicia incluye cinco subtemas, uno precisamente denominado seguridad y justicia. Este, en el punto dos, Generar el mapa de riesgos y amenazas para Jalisco y visibilizar la creación de una política criminal estratégica estatal, propone una agenda estatal de amenazas y riesgos que debe, como mínimo, describir con precisión el paradigma que fundamenta la estrategia de seguridad; proyectar escenarios a futuro para la contención de riesgos y amenazas; considerar con perspectiva multiescala los riesgos y amenazas; e incorporar un escenario prospectivo de cómo se contendrán y enfrentarán dichas amenazas desde la planificación estatal, y cómo se realizará la coordinación interinstitucional local, regional y federal.
Elaborado por María Patricia González Chávez, Gloria Sides Mayoral y Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, sus propuestas, como las de otras instituciones, incluida la Universidad de Guadalajara, los(as) candidatos(as) podrían ya estarlas revisando y dialogando con un ánimo sumatorio, apostándole a la escucha y construcción colectiva. Por el bien de todos.
X: @SergioRenedDios
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