Para la mayoría de quienes se dedican a la política, desafortunadamente incluso las mujeres, el 8 de marzo es solo una fecha que se marca en el calendario para programar actividades en torno a la misma. En los días siguientes queda atrás y hasta el año siguiente no volverá a formar parte de su agenda.
Como consecuencia, llegamos al Día Internacional de la Mujer con los mismos pendientes: las alertas de género local y federal en el olvido; omisiones, falta de personal y atención deficiente en las áreas a las que acuden las víctimas de violencia; un muro para que no pase la legislación sobre violencia vicaria; indefinición en las políticas para la atención a víctimas de delitos sexuales e incertidumbre para acceder a la interrupción legal del embarazo, por mencionar solo algunos puntos.
En febrero de 2016 el ex gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz emitió una Alerta de Violencia contra las Mujeres para ocho municipios. A la fecha, ya nadie recuerda lo que implicaba.
Además, en noviembre de 2018 el gobierno federal declaró también, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Jalisco.
Ante ambas alertas empezaron a definirse algunas de las acciones y políticas que debían ponerse en marcha. Sin embargo, apenas comenzó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez todo se detuvo. Un cambio burocrático para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres y crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres llevó a meses de pérdida de tiempo, que terminaron con la renuncia de la primera titular de esa dependencia.
En febrero de 2020, ante un reclamo de varias organizaciones por la falta de resultados con la AVGM, la Conavim recordó que esa comisión dicta las medidas a implementar para abatir la violencia feminicida, pero “es a la entidad federativa a quien corresponde, en conjunto con los municipios, realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas medidas y disminuir la violencia que se ejerce contra niñas y mujeres en la entidad, destinando recursos financieros, materiales y humanos para lograrlo”.
En el documento, se responsabilizaba a Igualdad Sustantiva de no responder las observaciones que se hicieron al plan de trabajo, por lo que no había condiciones de evaluar si se atendía o no la alerta.
En cuanto a los espacios de atención a la violencia contra las mujeres, si bien aumentaron los centros de justicia especializados, el incremento en los delitos y de la cultura de la denuncia, la falta de personal o de capacitación ha provocado que el acceso a la protección y a la justicia se burocraticen y en muchos casos pongan en mayor riesgo a las víctimas.
A todo esto hay que sumar la resistencia de funcionarios y funcionarias públicas para que se legisle sobre violencia vicaria, ante casos en que los victimarios tienen estrechos vínculos con el poder.
Y así, la lista de pendientes para Jalisco de cara al 8M es muy parecida a la de los años previos.
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