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El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, resalta la problemática de las Fiscalías y la distribución de responsabilidades en el gobierno mexicano, especialmente en el contexto de las próximas elecciones judiciales. Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad, señala que este caso evidencia la ineficacia de las elecciones como solución a los problemas de seguridad, ya que los cuerpos de seguridad culpan a los jueces, mientras que estos se ven limitados por leyes difíciles de cumplir.

Gómez Tagle considera que el desarrollo de las investigaciones en este caso será crucial para el país, ya que reflejará las verdaderas intenciones detrás de la política nacional, más allá de la estrategia de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no espera cambios significativos con la intervención del gobierno federal, dado que el encubrimiento involucra a múltiples niveles de gobierno y a diversas autoridades de diferentes estados.

El experto también menciona que las condiciones laborales de las fuerzas públicas están relacionadas con su vinculación al crimen organizado, ya que los bajos salarios los empujan a colaborar con delincuentes. A pesar de que esta situación es conocida, el Estado no ha tomado medidas para mejorar la calidad de vida de los elementos de seguridad. Además, Gómez Tagle advierte que no se debe centrar la atención en encontrar culpables, ya que esto puede perjudicar la confianza en las instituciones y en los policías que intentan actuar correctamente. Es fundamental recuperar la confianza en las instituciones y evitar que los elementos de seguridad sean utilizados como chivos expiatorios.

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