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En México, la desaparición forzada tiene huellas. Esta práctica, definida por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, implica el arresto, detención o secuestro de personas por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia (consentimiento), seguido de la negativa a reconocer la privación de libertad o a informar sobre el paradero de la víctima, permitiendo que no esté bajo la protección de la ley.

En días recientes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez el artículo 34 de la convención debido a indicios de desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas en México. Esta decisión ha sido vista como un llamado a la acción para que el gobierno aborde seriamente el problema, pero en vez de ello, este ha rechazado las acusaciones de desapariciones forzadas como una política de Estado, atribuyendo el fenómeno a la delincuencia organizada.

Mi compañero Lauro Rodríguez publicó, apenas el 10 de febrero, que, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado en la Plataforma Nacional de Transparencia, de 2018 a octubre de 2024 se determinaron 16 sentencias por desaparición forzada contra 34 policías de distintos niveles y corporaciones, pero la mitad fue absolutoria.

Detalla que, al revisar los casos por agentes señalados y no por sentencias, 19 de los 34 elementos policiacos acusados de desaparición forzada fueron liberados al ser absueltos tras el juicio; sólo a 15 pudieron condenarlos.

Uno de los casos en Jalisco con mucha relevancia, porque además tuvo alcances internacionales, fue la desaparición forzada de tres italianos, a inicios de 2018, a manos de policías municipales de Tecalitlán. Las autoridades estatales, en ese tiempo encabezadas por el gobernador Aristóteles Sandoval, comenzaron a indagar en el pasado de los extranjeros. Hablaban de la extrañeza de que estuvieran en ese municipio que no era turístico, que se dedicaban a la venta ilegal de maquinaria, que no eran turistas… como si ello fuera razón para desaparecerlos. Hasta la fecha, no han sido encontrados, a pesar de que algunos de los policías involucrados ya fueron sentenciados.

También está la desaparición forzada de jóvenes que a su vez protestaban por la detención de Giovanni López por no usar cubrebocas durante la pandemia. Los muchachos fueron llevados por agentes de la Fiscalía del Estado, fueron incomunicados, golpeados, amenazados y abandonados después de horas en lugares desconocidos, muchos sin sus teléfonos o una manera para llegar a casa. Las autoridades no quisieron reconocer que era una desaparición forzada, como si no hubieran cumplido los requisitos porque fue “poquito tiempo”. Después, el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez incluso reconoció que la dependencia estaba infiltrada por el crimen organizado, sin que, a la postre, pasara nada.

La desaparición forzada existe, pero pareciera que el Estado quiere encasillarla como aquella que vemos en dictaduras o gobiernos autoritarios, porque para ellas no son suficientes unos pocos casos comparados con las más de 100 mil personas desaparecidas en el país. Como si eso hiciera menos grave un problema, que, mientras no sea reconocido, no podrá ser resuelto.

En crisis.

X: @perlavelasco

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