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(Foto: Cuartoscuro)
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La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, explicó en entrevista para InformativoNTR que el diseño de la Reforma al Poder Judicial permite que se infiltren candidatos vinculados al crimen organizado.
A eso se le debe sumar que el mismo Poder Legislativo tuvo una praxis negligente y desaseada en todas sus fases desde la insaculación hasta el momento en el que se presentaron las listas al Instituto Nacional Electoral, ya que tenían nombres de personas que no están participando, números y errores de género.
“Estamos ante una falla estructural de la propia reforma que es de origen y que hace que quienes están interviniendo, no están asumiendo esta responsabilidad histórica que está en sus manos y que entonces quienes vamos a pagar los platos rotos, vamos a ser la población cuando necesitemos ser justiciables, quien sea que sea y se enfrente a la justicia o cuando se tenga que enfrentar al crimen organizado u otros grupos fácticos de poder y tal vez no se pueda resolver, con la capacidad técnica, pero sin independencia jurídica que es la garantía del acceso a la justicia. Esto nos debería poner más alerta, en el contexto que está viviendo México de otras reformas, porque ya no habrá un Poder Judicial suficientemente independiente para decirle al gobierno. Eso que estás haciendo ‘NO’, porque estás violando derechos de libertad de expresión, derechos de propiedad, etcétera”, explicó la magistrada.
La magistrada que participó en el comité evaluador del Poder Judicial señaló que con esta reforma se vulneraron derechos laborales, civiles y constitucionales y, que, además no garantiza la equidad entre los participantes.
El senado no está asumiendo su responsabilidad de hacer leyes que sean claras, en una elección que va a ser compleja, porque sólo hay dos cargos que se van a votar en toda la república: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y en el resto no coinciden los distritos electorales con los distritos judiciales.
GR
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