Rodado Seguro busca regular scooters y otros VMPs en Jalisco

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC),  Alejandra Giadans, presentó la iniciativa Rodado Seguro, propuesta legislativa para regular el uso de vehículos de movilidad personal (VMPs) en Jalisco. El objetivo central de esta reforma es proteger a los usuarios de scooters, monopatines y otros dispositivos similares, adaptando el marco jurídico a las nuevas realidades urbanas y tecnológicas.

Giadans destacó que esta iniciativa es un paso importante hacia una movilidad segura, sostenible y accesible para las y los jalisciences. Rodado Seguro busca fortalecer la movilidad activa con un enfoque de sostenibilidad, inclusión y accesibilidad, alineado con la jerarquía de movilidad que prioriza a peatones, ciclistas y usuarios de VMPs por encima del transporte motorizado.

Definición y alcances

La diputada explicó que los VMPs son vehículos individuales de baja velocidad, de 6 a 25 km/h, con o sin motor eléctrico, e incluyen scooters, patines y monopatines. Un eje central de la iniciativa es el enfoque de “cero sanciones” para quienes usen VMPs dentro del rango permitido, diferenciándolos de vehículos motorizados tradicionales. En lugar de sancionar, se plantea establecer reglas claras y generar incentivos para fomentar su uso responsable.

El esquema propuesto contempla sanciones progresivas: una primera falta derivaría en un curso de educación vial; una reincidencia, en acciones comunitarias; y, solo en casos persistentes, sanciones administrativas a discreción de los municipios.

Asimismo, la diputada recalcó que conducir un VMP en estado de ebriedad sí será motivo de inspección y sanción por parte de la policía vial, en concordancia con la legislación vigente.

Por su parte, el director general de Seguridad Vial, Jesús Carlos Soto, destacó que esta reforma recoge factores fundamentales surgidos de mesas de trabajo con especialistas y sociedad civil.

La diputada Giadans explicó que la implementación de la propuesta está prevista para enero de 2026, tras un periodo de transición para que municipios y autoridades estatales armonicen sus reglamentos. La iniciativa será sometida a discusión en un proceso de parlamento abierto, y se espera su aprobación tras los diálogos con ciudadanía, expertos y autoridades.

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