Como las escaleras eléctricas de la Línea 3 del Tren Ligero llegan a descomponerse y por periodos a veces prolongados, las personas con movilidad limitada son las que más sufren para subir o bajar los escalones o al transbordar a otra línea. Ahí incluyamos a personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, lesionadas o embarazadas, entre otras. Si se saturan los elevadores, es una pesadilla pretender, en ciertas estaciones, sobre todo ascender hasta más de 60 escalones. Los hemos contado. Más de un pasajero acaba sofocado, con piernas temblorosas y el corazón golpeteando el pecho. ¿Se imaginan lo que sucedería si fallan las escaleras eléctricas y se debe transbordar de la Línea 3 a la 2 en la estación Guadalajara Centro?
Son miles los usuarios de la Línea 3, que tiene pocos años de inaugurada como para seguir presentando fallas. Presumir que ofrece un transporte de calidad y que transforma de fondo la movilidad en Jalisco es más un eslogan que una realidad si no funciona al cien. A esta línea del Tren Ligero le pasa lo que a las escaleras eléctricas del Mercado Corona, que pueden tardarse meses en repararlas… sin que eso importe a quienes son altos funcionarios públicos que no las usan, ni van a esos sitios; para eso tienen recursos, vehículos y choferes pagados con nuestros impuestos.
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La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado en febrero de 2014, indica en su artículo 54 que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas (SEAV) será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en el estado; y que su objeto es “proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, estrategias institucionales e interinstitucionales, y demás acciones que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local y municipal”.
Al SEAV, que lo preside el gobernador en turno, la ley le otorga 16 atribuciones. Sin embargo, sus integrantes (representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Cruz Roja Internacional) sesionaron en 2015 para instalarse… y nunca más se reunieron, de acuerdo con estudio del Centro ProDH. Las víctimas no importaron. Las revictimizaron. El sistema es una entelequia. Lo abandonaron. Toca a la actual administración estatal resucitarlo.
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Los diputados y diputadas de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados con la Desaparición de Personas en Jalisco van por la cuarta mesa de trabajo. Y en la de ayer, enfocada en Ciencias Forenses, colectivos de familias buscadoras denunciaron a detalle, con todo, la crisis forense que padece en Jalisco. Hubo reclamos por la falta de identificación de cuerpos, el abandono de los panteones y la desinformación institucional.
Hay limitaciones en cuanto a recursos humanos, recursos técnicos y científicos, carencia de infraestructura, etcétera. Hay una crisis en la crisis.
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Lo que informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, y miembros de su familia como presuntos operadores de una red de “huachicol fiscal” vinculada a un cártel… nos dejó he-la-dos… ¡brrrr!
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