
|
FOTO: Michelle V�zquez/Archivo
|
Los eventos del 4, 5 y 6 de junio de 2020 en Jalisco, conocidos como el �Halconazo Tapat�o�, involucraron la represi�n de manifestantes por parte de m�s de 200 elementos de la Fiscal�a estatal y polic�as municipales de Guadalajara y Zapopan, en el contexto de protestas por la muerte de Giovanni L�pez.
De acuerdo con Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), los hechos, que incluyeron detenciones arbitrarias, tortura y desaparici�n forzada, fueron minimizados por la Fiscal�a Anticorrupci�n, que solo investig� por delitos como abuso de autoridad y no por tortura y desaparici�n forzada. De los 11 agentes imputados, cuatro fueron vinculados a proceso y solo uno recibi� sentencia, evidenciando impunidad.
La coordinadora explica que el Estado no respondi� acorde a la gravedad de los hechos, pues la localizaci�n de las personas desaparecidas se logr� gracias a la movilizaci�n social y de colectivos, no por acci�n gubernamental. El entonces gobernador Enrique Alfaro atribuy� los hechos a una supuesta infiltraci�n del crimen organizado en la Fiscal�a, sin que esto derivara en investigaciones.
A cinco a�os, persisten la falta de justicia y las dudas, agravadas por la ausencia de fiscal�as aut�nomas y por intentos estatales de borrar la memoria colectiva, como la remoci�n del antimonumento del 5J.
Denisse Montiel se�ala que la administraci�n de Alfaro se caracteriz� por la represi�n social, patr�n que parecer�a continuar en la actual gesti�n, como se vio en la reciente represi�n en el Parque Revoluci�n. Esto genera preocupaci�n sobre la persistencia de la violencia estatal y la necesidad de garantizar justicia, memoria y fiscal�as independientes.
FR
|