
|
(Foto: Archivo NTR/MPN)
|
Con mayoría de votos, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el dictamen constitucional que elimina al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y transfiere sus atribuciones a las contralorías internas de los tres poderes, los órganos autónomos, los municipios, así como a nuevas figuras administrativas que actuarán como autoridades garantes de la transparencia y protección de datos personales.
La medida responde a la armonización con la reforma federal en materia de simplificación orgánica, que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y eliminó la obligación de contar con organismos garantes autónomos en las entidades federativas.
El dictamen aprobado modifica los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 Ter de la Constitución local. Entre los puntos centrales de la reforma, destacan:
-
La Contraloría del Estado será ahora la autoridad garante local, encargada de resolver asuntos de transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo y los municipios.
-
Los órganos internos de control del Legislativo, Judicial y demás sujetos obligados, actuarán como autoridades garantes en sus respectivas esferas.
-
Se reconoce al Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Jalisco como la instancia coordinadora en la materia, cuyas funciones y facultades serán reguladas por las leyes correspondientes.
-
Las resoluciones de estas autoridades serán vinculantes, definitivas e inatacables, salvo en los casos previstos en las leyes.
Además, se derogan artículos que mencionaban expresamente al ITEI, como su integración, atribuciones y procedimiento de nombramiento de sus comisionados, así como su participación en el juicio político, la estructura del Congreso y la elegibilidad para cargos de elección popular.
El decreto será publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y entrará en vigor al día siguiente. A partir de entonces, el Congreso tendrá 180 días para adecuar las leyes estatales a este nuevo esquema. Durante ese plazo, se espera que se presenten reformas a la Ley de Transparencia estatal, a la Ley de Protección de Datos y a la legislación anticorrupción.
jl
|