Uno de los principales problemas hallados en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 es que se enfoca en la localización de personas y no en la prevención de las desapariciones, “en que las personas no desaparezcan”, y de esta forma el nuevo gobierno de Pablo Lemus no asume como “una emergencia” este delito.

Denisse Ayala, académica del Centro Universitario de Tonalá e integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desapariciones de Personas de la UdeG, remarcó que mientras las autoridades no admiten que hay una crisis por desapariciones y se haga un análisis serio, difícilmente se podrá solucionar el problema.

Señaló que lo planteado en el PED 2030 toca los síntomas de problem, pero no atiende las causas, es decir, su estrategia se concentra en los aspectos institucionales, pero “no se enfoca en hablar, discutir y atender condiciones que permiten la desaparición”, como la colusión entre autoridades, la cifra negra, los análisis de contexto de las condiciones en las que desaparecen las personas, entre otros aspectos.

Pidió a las autoridades confrontar las causas estructurales que permiten que exista este delito, que afecta de manera multidimensional los derechos humanos y las víctimas indirectas de la desaparición.

En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, la académica llamó a los legisladores a construir políticas públicas que se construyan desde un enfoque de derechos humanos y atención a las víctimas.

El gobierno de Pablo Lemus, argumentó Ayala, asume indirectamente que las desapariciones en Jalisco continuarán prácticamente en los mismos niveles, pues no apostarán a que ya no sea un delito prevalente en la entidad y sea erradicado.

jl