El 5% es suficiente para la presidencia de la SCJN

La votación mayor en la elección de los ministros de la Supera Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue de 5 millones de votos, lo que constituye aproximadamente 5 por ciento respecto del padrón electoral, es decir, hay una ausencia de 95 por ciento que no expresaron su voluntad en el proceso, en primer lugar y, la persona, en segundo término. El licenciado Hugo Aguilar Ortiz será ministro y, además, desempeñará el cargo de presidente de la SCJN, a partir del próximo 1 de septiembre.

La intervención de la hegemonía gubernamental en el proceso electoral del Poder Judicial ha suscitado diferentes reacciones que van desde el éxito de la elección, a la que no se presentó 85 por ciento del padrón electoral, hasta la necesidad de un análisis serio sobre las bases en las que se establece el mecanismo de reforma sobre el Poder Judicial, de donde la elección solamente constituye un momento procesal pero no el contenido específico de la reforma. Así, una vez concluida la elección, definitivamente sigue el establecimiento de un modelo y sistema que deberá poner en funcionamiento el Estado de derecho.

Desde el inicio del proceso de la transformación del Poder Judicial hay una ausencia marcada de interlocución con otros actores, por ejemplo, la zona especializada de práctica jurídica que, a través de las diferentes zonas de especialización, hubiera emitido alguna opinión sobre el contenido y viabilidad de la reforma. Por otra parte, con la ausencia de una interlocución con los partidos políticos y la sociedad civil, no hubo ningún momento de análisis y debate serio, profundo y plural, que contemple los diferentes elementos que deben considerarse para establecer un adecuado mecanismo de gestión e impartición de justicia en nuestro país.

Con la ausencia de un electorado que manda una señal de desacuerdo con el procedimiento de reforma e, igualmente, con la instrumentación de ésta, en un ejercicio electoral carente de asideros claros para comprender la oferta y las consecuencias que tendrá la votación. Así pues, hubo una ausencia de 85 por ciento de los electores, circunstancia que contrasta con los anteriores procesos electorales, intermedios y presidencial, en los que las tasas de votación evidencian con claridad la intención de votar de los electores con lo que, no leer el mensaje ciudadano emitido en la pasada elección, resta legitimidad.

Se cuenta, entonces, con un modelo unitario y hegemónico de establecimiento de una reforma que abarca, sin problemas, a la clientela electoral del grupo hegemónico, pero se extenderá a todo el país. La legalidad del proceso se desarrolló adecuadamente. La legitimidad, no del proceso, sino de la reforma en su conjunto, generará controversias agudas y complejas en un sistema que tendrá una duración promedio de 10 años. Los alineamientos políticos para los procesos judiciales cambiarán la técnica jurídica por una mayor capacidad de cabildeo. En el establecimiento de las nuevas formas del Poder Judicial habrá que revisar cómo evoluciona el sistema y la muestra será la consistencia de las decisiones que emita la SCJN, con un explícito alineamiento, no con la imparcialidad de la justicia, sino con los lineamientos políticos de la hegemonía en el gobierno.

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