CEDHJ documenta�negligencia y�tortura en c�rceles�

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió ayer una serie de recomendaciones y dos de ellas fueron en contra del sistema penitenciario del estado: una por negligencia que provocó el asesinato de un reo y otra por tortura.

A través de la recomendación 16/2025, la CEDHJ describió que abrió una queja de oficio derivada de una nota periodística publicada el 13 de febrero de 2022, la cual informó de un homicidio al interior de la Comisaría de Prisión Preventiva. La víctima falleció tras ser golpeada por otro interno.

De acuerdo con la indagatoria realizada por la comisión, la persona fallecida fue agredida el 11 de febrero de 2022 en el interior de su dormitorio por otros dos internos, quienes lo golpearon durante la tarde; sin embargo, fue hasta los primeros minutos del día siguiente que personal de custodia se percató de los hechos.

Las autoridades penitenciarias argumentaron ante la CEDHJ que no pudieron prevenir el hecho ni dar atención inmediata por tener personal insuficiente.

Por otro lado, a través de la recomendación 15/2025 la defensoría documentó que el 13 de mayo de 2022 recibió comunicación oficial del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para notificar que el 24 de marzo de ese año, al realizar una visita de supervisión a las instalaciones de la Comisaría de Sentenciados de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco (Digres), se tuvo conocimiento del caso de 12 personas con discapacidad psicosocial privadas de la libertad que eran víctimas de posibles actos constitutivos de tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El personal del MNPT se percató de que varias personas se encontraban esposadas de pies y manos a pupitres, ubicados en el patio, a la intemperie, con exposición directa al Sol. Al estar así tenían que orinar en botellas de refresco que se encontraban a un lado de ellas.

La recomendación añade que al revisarse el expediente de cada una de las personas esposadas se constató que las medidas de sujeción implementadas no estaban debidamente documentadas y justificadas. 

Al realizar la indagatoria se acreditó que la sujeción de las 12 personas había sido ordenada por un médico psiquiatra del centro penitenciario, quien durante la visita del personal del MNPT no justificó la medida, la duración y los efectos de esta. Sólo se limitó a señalar que había sido un tratamiento para el bienestar y salvaguarda de la integridad de las víctimas, pues presentaron alteraciones en su conducta derivadas de sus padecimientos mentales.

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