Ven omisiones graves�en pol�tica de b�squeda

La Comisión Especial en Materia de Desaparición del Congreso de Jalisco aprobó una serie de observaciones al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 al detectar deficiencias graves en el abordaje de la crisis de desapariciones. Entre los apuntes se encuentran la falta de metas claras, confusión en los términos utilizados y la exclusión de actores clave como los colectivos de búsqueda y autoridades forenses.

La diputada morenista Candelaria Ochoa Ávalos criticó la ambigüedad en las cifras que, por un lado, hablan de un preocupante aumento de casos y, por otro, afirman una disminución del 31.86 por ciento entre 2019 y 2024. Consideró indispensable un censo estatal de personas desaparecidas a la par de subrayar la falta de estrategias claras para incluir a colectivos de búsqueda y organizaciones civiles.

Consideró que las metas planteadas para reducir la incidencia y aumentar la localización de personas son mínimas, incluso ofensivas, y denunció la ausencia de una estrategia preventiva integral, así como la carencia de información detallada sobre recursos presupuestales, contratación de personal y mejoras al sistema forense.

Por su parte, el diputado petista Leonardo Almaguer Castañeda calificó el plan como una declaración de intenciones sin metodología objetiva. Lamentó que no se plantee la creación de una fiscalía especializada en desaparecidos, se evada una estrategia de seguridad real y se traslade la responsabilidad de prevención a los ciudadanos y no al Estado.

En su intervención, el diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias urgió a implementar mecanismos permanentes de control de confianza para evitar la colusión de policías con el crimen organizado, e insistió en incluir acciones claras y medibles para fortalecer instituciones de seguridad pública. Cuestionó el uso del verbo “humanizar” en objetivos estratégicos y propuso sustituirlo por términos más específicos.

Finalmente, la diputada de Futuro Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez advirtió que el plan utiliza de forma ambigua los conceptos de “persona no localizada” y “persona desaparecida”, lo cual diluye responsabilidades estatales. Subrayó la ausencia de una estrategia de atención psicosocial sólida, la falta de rendición de cuentas, deficiencias en la profesionalización del personal y escasa claridad presupuestaria.

Planteó que el sistema de inteligencia debe estar subordinado a la búsqueda, no al revés, y exigió el cumplimiento de instrumentos como el programa estatal de búsqueda, el reglamento de la Comisión de Búsqueda y la incorporación de metas específicas para la identificación forense.

IGUALDAD, TAMBIÉN CON CRÍTICAS

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado de Jalisco aprobó ayer por unanimidad un acuerdo interno en el que formalizó sus consideraciones al eje Hacia una ruta sustentable para las niñas y niños, con una visión al 2050, del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. Al igual que en la comisión en materia de desapariciones, sus integrantes coincidieron en que el documento del Ejecutivo presenta deficiencias metodológicas, escasa articulación de estrategias y una débil incorporación de la perspectiva de género.

Una parte de las observaciones centrales la hizo la presidenta de la comisión, Candelaria Ochoa, quien criticó que el plan prioriza problemáticas de la Zona Metropolitana de Guadalajara sin considerar particularidades regionales; carece de diagnósticos actualizados, y presenta una consulta ciudadana limitada.

Por su parte, la diputada morenista Itzul Barrera Rodríguez subrayó la ausencia de transversalización efectiva de la perspectiva de género. Aunque el plan declara la igualdad como eje transversal, ésta no se refleja de forma sistemática en los objetivos y estrategias de cada apartado. También cuestionó la falta de indicadores científicos y la tendencia a agrupar temas de mujeres en un solo eje sin incorporarlos en todo el desarrollo del documento.

Finalmente, la diputada emecista Adriana Medina Ortiz reconoció la visión general del plan, pero insistió en que alcanzar la igualdad de género requiere presupuesto suficiente, medidas de justicia efectiva y reformas normativas que fortalezcan los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Cuestionan debilidades y dependencia fiscal

La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco también aprobó ayer observaciones críticas al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, entre ellas metas poco ambiciosas, falta de claridad en sus ejes estratégicos y una alta dependencia de recursos federales debido a la baja recaudación estatal.

El coordinador de los diputados de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, criticó que el diagnóstico del plan se enfoca en cifras positivas sin incluir comparativos nacionales ni dimensionar la gravedad de los problemas. Señaló además que varias metas proyectadas, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o la reducción de la pobreza laboral, son conservadoras o no están bien justificadas.

Por su parte, la diputada Itzul Barrera Rodríguez consideró que el eje de “Jalisco cercano y transparente” debe contar con un plan de financiamiento multianual y evaluaciones sobre la sostenibilidad presupuestaria de las acciones propuestas. Recomendó también mejorar los mecanismos de control interno, fortalecer la recaudación estatal mediante políticas progresivas y establecer indicadores claros para evaluar la eficiencia del gasto.

El diputado del Verde Ecologista de México (PVEM) José Guadalupe Buenrostro Martínez destacó la alineación del plan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero subrayó la urgencia de atender temas estructurales como el manejo del agua, la contaminación, la transición energética y la profesionalización del servicio público. Criticó además que las estrategias contra la corrupción sean aún limitadas y propuso fortalecer instituciones existentes en lugar de solo enunciar nuevos programas.

Todas las observaciones fueron integradas en un acuerdo interno que será remitido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el objetivo de que el Ejecutivo estatal las considere en la revisión final del plan. Miguel Ángel Vidal Preza 

jl/I