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Para qué sirve la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción si no cumple con esa tarea básica que le fue encomendada, precisamente la lucha contra la corrupción. Su trabajo ha sido más político y se reivindica con algunos casos en los que el sancionado tiene como principal característica la falta de un padrino político.

Hace unos días el académico y periodista José Carlos Toral hacía una reflexión a partir del anuncio del fiscal, Gerardo de la Cruz Tovar, de que se abriría una investigación por la contratación de la ex conductora del programa musical de televisión Qué quiere la banda, Elizabeth Castro Cárdenas, por parte del Siapa, pagándole como asesor técnico de la dirección un salario de más de 73 mil pesos mensuales.

La historia ya la conoce, la propia ex funcionaria declaró que sí cobraba en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), pero que no trabajaba ahí. En una charla con el ciudadano Juan Pablo Macías, le aseguró que estaba “comisionada” a otra dependencia.

Unos días después de que El Diario NTR Guadalajara diera a conocer la información, el fiscal anticorrupción declaró que se había abierto una investigación. En redes sociales, Toral señaló: “Me da más miedo que entusiasmo que la FECC agarre el caso…”.

Ayer, este diario publicó un capítulo más del proceso de investigación en torno al arrendamiento de maquinaria pesada en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, del programa A Toda Máquina, en lo que corresponde a la intervención de la FECC. Gerardo de la Cruz y dos funcionarias más, integrantes del Comité de Transparencia decidieron reservar por ocho años, ocho meses y tres días la investigación, en la que el mismo fiscal decidió no ejercer la acción penal, al considerar que no hubo corrupción.

La solicitud de información fue hecha por el académico Álvaro Quintero, quien fue una pieza clave en mostrar las irregularidades que se dieron en la licitación, para favorecer a la empresa Operadora de Servicios Mega con un contrato de 3 mil 634 millones de pesos. La respuesta que le dio el fiscal es que no podía entregarle la información, precisamente porque no se trataba de un acto de corrupción.

El fiscal anticorrupción abrió una investigación de un caso de corrupción, exoneró a los responsables y luego escondió los detalles de su investigación. Cabe recordar que este caso también fue investigado por la Contraloría estatal y la Auditoría Superior del Estado Jalisco y ambas determinaron que hubo irregularidades. Pero el caso fue “limpiado” en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde por cierto también se reservó el expediente.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción nos costará este año a los jaliscienses 63.5 millones de pesos. Esto es 37 por ciento más del presupuesto de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos y 33 por ciento más de lo que reciben los Centros de Justicia para las Mujeres. Además, tiene 105 empleados y el fiscal tiene un salario mensual de 106 mil 581 pesos. No es un gasto menor, para la poca utilidad que ha tenido.

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