Adi�s al Seajal

Uno de los problemas que más preocupa a las personas es la corrupción. Por ello, en 2015 se realizó una reforma constitucional para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que tiene como principal objetivo la coordinación entre varias instituciones vinculadas con el control de la corrupción. Derivado del SNA, las entidades federativas implementaron su propio sistema anticorrupción, incluido Jalisco, replicando el mismo modelo que el sistema nacional.

A casi una década de la creación tanto del sistema nacional como del estatal es pertinente el debate sobre la necesidad imperante de reformar la estructura o incluso de eliminar el Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco (Seajal), esto derivado de los pocos o nulos resultados, de la ineficiencia institucional y de su actual falta de legitimación ciudadana.

Ante casos emblemáticos de corrupción en Jalisco, como el intento de incrementarse el sueldo del director de Pensiones del estado, Juan Partida Morales; la designación de Iker Frangie Martines en Proepa y la contratación con megasueldo sin contar con el perfil técnico de Ely Castro, el Comité Coordinador (CC) y el Comité de Participación Social (CPS) han guardado silencio, aun cuando el CC cuenta con la atribución de emitir recomendaciones y el CPS es el ente ciudadano dentro del Seajal. En Jalisco, por lo menos en los últimos tres años, casos paradigmáticos de corrupción han quedado impunes o sin una resolución clara, lo cual genera indignación y desconfianza en las instituciones que conforman el Seajal.

A pesar de que se ha asignado un presupuesto importante para la operación del Seajal, no se han logrado avances sustantivos en el control de la corrupción. Según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, solo 0.2 por ciento de los casos reportados en Jalisco llegaron a investigación formal, lo que implica que aproximadamente 99.8 por ciento quedaron sin investigar.

El subíndice “Sistema de Derecho Confiable y Objetivo”, que incluye indicadores sobre corrupción, Estado de derecho y cumplimiento legal, colocó a Jalisco en la posición 20 de 32 (diciembre de 2024).

El diseño institucional del Seajal ha demostrado ser ineficaz. Al funcionar únicamente como un órgano de coordinación, carece de facultades de investigación o sanción directa. Incluso existe una falta de operatividad y una limitada incidencia de sus acciones en políticas públicas reales.

Otro aspecto crítico es la captura política del órgano ciudadano (CPS) que integran el sistema. En Jalisco existen denuncias sobre procesos de selección opacos y posibles vínculos entre miembros del CPS y actores políticos, lo cual pone en duda su independencia y autonomía. En lugar de ser un contrapeso real, esta instancia se ha debilitado por intereses partidistas y burocráticos.

En este contexto, considerar la eliminación del Seajal permitiría redirigir los esfuerzos hacia un modelo más ágil, con facultades reales de investigación y sanción, así como con mayor participación ciudadana efectiva.

La permanencia del Seajal en su forma actual ya no es sostenible ni justificable. Jalisco requiere un nuevo modelo institucional que supere los errores del pasado, fortalezca la rendición de cuentas y verdaderamente combata la corrupción de forma estructural. La reforma profunda o la eliminación del Seajal debe ser vista no como un retroceso, sino como una oportunidad para reconstruir un modelo más eficaz, transparente y legítimo. La mala noticia es que debemos esperar la reforma constitucional de la desaparición del SNA para que probablemente esto acontezca en Jalisco.

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