Las buscadoras, defensoras de derechos humanos

Las madres buscadoras de personas desaparecidas atraviesan en México las peores pesadillas de un sistema político violento que tiende a perpetuar la impunidad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se quedó corto cuando en su informe de esta semana indicó que son mujeres la mayoría de quienes buscan a los desaparecidos en el país, sobre todo madres, esposas e hijas de personas desaparecidas, y que enfrentan una situación que calificó con tacto diplomático de “preocupante”. Es peor que eso. Es horrorizante.

Dentro del marco en que actúa, el comité denunció que la violencia y la discriminación que enfrentan las “buscadoras”, como las mencionó, constituyen una persecución de género que refuerza las estructuras patriarcales. Observó que esto se manifiesta a través del desdén institucional, el desánimo y la incredulidad arraigados en la discriminación de género y los estereotipos sobre la credibilidad y los roles de las mujeres. Apuntó que le preocupa además que la crisis de desapariciones forzadas coincida con la creciente violencia letal que enfrentan las buscadoras.

También el comité expresó que está alarmado porque la labor de las buscadoras mexicanas con frecuencia no se reconoce como defensa de los derechos humanos, lo que crea obstáculos a los mecanismos de protección, a pesar de las iniciativas de verdad y justicia.

Efectivamente, hasta ahora, ni en la Constitución ni en las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se les da ese estatus, con los programas que tendrían que derivarse.

Jalisco podría poner el ejemplo al reconocer jurídica y socialmente a las madres buscadoras, en la Constitución local y/o en las leyes respectivas, como defensoras de derechos humanos, acompañado con apoyos, protección permanente, respeto a su labor y garantías de que sus familiares serán localizados y habrá justicia.

El comité de la ONU recomendó al Estado mexicano que reconozca formalmente a las buscadoras como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo normas mínimas a nivel nacional para su definición y medidas de protección, garantizando una protección mínima uniforme en todos los estados, y extendiendo la protección otorgada a las defensoras de derechos humanos a las buscadoras para asegurar su inclusión en los mecanismos de protección.

Ayer, en su informe Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las madres buscadoras de México, Amnistía Internacional documentó que entre 2014 y 2025 se han registrado 16 homicidios (dos en Jalisco) de personas buscadoras, de las que 11 son madres, dos hermanas, dos esposas y una activista. Buscar desaparecidos es altamente peligroso en nuestro país.

El comité recomendó, entre otras medidas, establecer programas de reparación con perspectiva de género que reconozcan a las buscadoras como víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo atención de salud mental adecuada y apoyo psicosocial que aborde las repercusiones psicológicas de la incertidumbre prolongada sobre el destino de sus familiares desaparecidos y prevenga la victimización secundaria.

Las madres buscadoras, sin dejar a un lado a los varones involucrados, requieren atención prioritaria en Jalisco y el resto del país. Ellas son expresión del humanismo actuante.

X: @SergioRenedDios

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