Quinto Patio

La comunidad indígena de Mezquitán no pierde la esperanza de que el gobierno federal algún día le pague las más de 26 hectáreas de sus tierras que se usaron para la construcción de la carretera a Saltillo. Ya tiene una sentencia a su favor y no hay más recursos legales, así que solo queda que se haga el avalúo y le paguen. De ahí que aprovecharon que hay nueva directora en Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, María Padilla, para cobrarle.

De hecho, se reunieron con la ex legisladora, a quien los comuneros le informaron que tienen 21 años luchando en tribunales y que en diciembre del año pasado se dictó una resolución definitiva a su favor. Entonces, se determinó que el amparo promovido por las autoridades contra la sentencia que les favoreció era improcedente. El gobierno federal tiene, ahí, otro pendiente. Dicen que son más de 300 familias las afectadas.

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Un grupo de académicos y en general especialistas en derecho a la información y transparencia elaboró durante medio año una iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información del estado de Jalisco y sus municipios. Ayer la entregó al Congreso del Estado como una propuesta que parte y retoma el camino recorrido por Jalisco en el ejercicio de estos derechos, bajo el principio de progresividad, al tratarse de derechos fundamentales. El grupo, denominado Compromiso Jalisco; por el derecho de Acceso a la Información, destaca ocho aportaciones que detalla.

Uno de los elementos de la propuesta es que retoma la participación ciudadana directa y fortalecida desde la Ley en el Sistema Estatal (subsistema, de acuerdo con la ley general), a través de un Consejo Consultivo Ciudadano, de carácter honorífico y con perfiles de representación social y profesional en la materia, que consideran no solo debe señalarse en la ley, sino que en ella debe especificarse su integración, facultades y atribuciones. La iniciativa queda para su análisis en poder de las comisiones de Puntos Constituciones y Electorales, y de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso del Estado.

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Luego del caso Eli Castro y su paso por el Siapa como asesora técnica con 73 mil pesotes mensuales de sueldo, en redes sociales circulan oooootros nombres en supuesta situación similar, como no tener perfil para el puesto. La cosa es que son empleados en diferentes dependencias, se asegura, que son familiares, amigos o cuotas a pagar de altos personajes de la clase política local. Nada extraña esa práctica, en boga apenas llegan a un cargo desde diputados hasta funcionarios municipales o estatales.

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Las denuncias ciudadanas en redes sociales pueden surtir efecto. Como sucedió con un agente vial exhibido cometiendo, en el centro de Ameca, un “presunto abuso de autoridad”. No lo dice el comunicado oficial, pero en videos aparece tumbando e inmovilizando a un motociclista que no portaba casco. Aquello derivó en una protesta frente a las oficinas de la delegación vial.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, ordenó el cese inmediato de las funciones operativas del oficial, quien quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internos. (Benditos celulares y redes sociales).

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jl/I