Impunidad y miedo marcan la crisis de desapariciones en Jalisco

La desaparición forzada en Jalisco es un fenómeno que arrastra casi una década de inacción institucional, marcada por la falta de sensibilidad de las autoridades y la revictimización hacia quienes buscan justicia. Así lo señaló el especialista en derecho y seguridad Rubén Ortega Montes, quien advirtió que cuando los familiares se manifiestan lo mínimo que esperan es respaldo, pero reciben indiferencia. Recordó que al frente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas continúa la misma funcionaria del sexenio anterior, periodo que, dijo, dejó un fuerte daño a las familias y a los colectivos.

Ortega Montes subrayó que el nivel de impunidad es alarmante: mientras las cifras de desapariciones siguen en aumento, pocos casos se judicializan y al menos la mitad de los acusados son liberados en la primera instancia, con muy pocos que llegan a una sentencia en tercera. “Esto explica por qué la sociedad tiene miedo, no denuncia y no da la cara, aunque el dolor se mantiene presente. La impunidad alcanza 97% de los casos”, advirtió.

Explicó que, a diferencia de décadas anteriores, cuando la desaparición forzada respondía a motivos políticos o de rebelión contra el Estado, hoy participan personas ligadas a instituciones públicas que colaboran con el crimen organizado, convirtiéndose en su brazo ejecutor.

El especialista criticó además los discursos oficiales que, dijo, maquillan cifras y distorsionan la realidad para hacer creer que todo va bien, mientras la percepción de inseguridad en la población es cada vez más alta. “Con una verdad a medias se pretende ocultar la ineficacia del gobierno estatal y federal”, señaló.

Finalmente, advirtió que la imposición de un Poder Judicial alineado al Gobierno federal pone en riesgo aún más la procuración de justicia y mina la confianza de la sociedad en las instituciones.